Memoria Histórica

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LA ARMH HA EXHUMADO EN 14 AÑOS LOS CUERPOS DE 80 BERCIANOS REPRESALIADOS

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La asociación ha documentado más de 1.100 muertes violentas durante la dictadura.

Diario de León / C. FIDALGO / 19-09-2014

El centro, el arqueólogo René Pacheco con los restos del Gasta, el pasado junio. - c. f. c.

Catorce años de actividad han servido a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) para recuperar los cuerpos de 80 desaparecidos en el Bierzo durante la represión franquista en medio centenar de exhumaciones. Es el balance que la asociación,—nacida en la comarca con la apertura de la fosa de los llamados Trece de Priaranza en octubre del año 2000 y extendida en poco tiempo a toda la geografía nacional— está haciendo estos días y que mañana trasladará a la población en el transcurso de una conferencia sobre la Memoria Histórico convocada en Cubillos del Sil.

En estos 14 años, la ARMH, que sigue presidida por Emilio Silva, nieto de uno de los trece paseados en Priaranza, ha visto cómo el Gobierno aprobaba una Ley de Memoria Histórica y cómo desaparecían las ayudas públicas para financiar unas exhumaciones que siempre ha llevado a cabo voluntarios, en algunos casos procedentes del extranjero, y casi nunca con el debido amparo judicial.

Y los 80 exhumados sólo son la punta del iceberg. Lo recordaba ayer el vicepresidente de la ARMH, Marco González, que recuerda que la asociación «tiene documentadas más de 1.100 muertes violentas durante la dictadura franquista en la comarca berciana» y a pesar de la «asfixia económica» que sufre el colectivo, «seguimos trabajando en la investigación de varias fosas en diferentes localidades».

La ARMH, que este verano ha encontrado el apoyo del sindicato noruego de electricistas Elogit para financiar con 6.000 euros las exhumaciones previstas en Murias de Rao (Lugo), Canseco (León), Alcalá del Valle (Cádiz) y Chaherrero (Ávila), reconoce que en el caso del Bierzo, tiene una asignatura pendiente en la ladera del Montearenas que desciende hasta Calamocos, un lugar próximo a Ponferrada donde tiene constancia documental, porque así figura en el Registro Civil, de la muerte de al menos 25 personas entre 1936 y 1939.

Dar con ellas es una tarea muy complicada, a pesar de los testimonios recogidos por la asociación en estos años. «Nadie nos ha sabido llevar a un sitio exacto», admitía ayer González. Ya durante la plantación del pinar que hoy ocupa en el Montearenas en los años 40 del pasado siglo se hallaron algunos restos humanos, y González recuerda que la construcción de carreteras como la N-VI y la Autovía del Noroeste, o de polígonos industriales como el de La Llanada pueden ser obstáculos insalvables a la hora de buscar nuevas fosas.

Al margen de ayudas privadas y donaciones, la ARMH se aferra estos días a la petición de la ONU para que el Gobierno español asuma la búsqueda de los más de 114.000 desaparecidos que calcula que hay en España.

LA PISTA ARGENTINA DEL GASTA

Los forenses que investigan la represión en Argentina y Chile remitirán en octubre las pruebas de ADN del guerrillero berciano.

Es el mismo equipo de antropólogos forenses que desde 1986 investiga las desapariciones en Argentina, en Chile y en Guatemala. Y a comienzos de octubre tendrá listas las pruebas de ADN para identificar los restos del guerrillero berciano Bernardo Álvarez Trabajo, alias El Gasta, abatido a traición por un infiltrado en los montes de Lugo el 22 de junio de 1949 y exhumado hace dos años por la ARMH. Los forenses argentinos están contrastando desde agosto el material genético del Gasta con las muestras aportadas por su hijo Santiago y por su hermana Isabel «para lograr una fiabilidad del cien por cien en la identificación», según explicaba ayer el vicepresidente de la ARMH, Marco Antonio González.

 

UNA INVESTIGACIÓN RESCATA DEL OLVIDO LA HUMILLACIÓN SUFRIDA POR LAS MUJERES

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“No habrá memoria histórica si no hacemos una verdadera investigación de la represión sufrida por las mujeres desde su condición de género. La historia no solo la marcan los fusilamientos y la cárcel” Las catedráticas Cándida Martínez y Lola Ramos ha realizado una investigación única sobre la represión específica sufrida por las mujeres en Andalucía durante la guerra y el franquismo. Su trabajo es uno de los capítulos del libro que va a editar próximamente la Fundación Alfonso Perales ‘La Memoria de Todos’ y ha sido escrito con un visión de género que expone con crudeza el tipo específico de violencia física y psicológica sufrida por las mujeres.

andaluces.es / MARÍA SERRANO / 16-09-2014

Mujeres rapadas durante la Guerra Civil.

La invisibilidad del sufrimiento de las mujeres impregna incluso los propios estudios sobre la memoria histórica. Si se toman, por ejemplo, como referencia los datos difundidos sobre el número de mujeres fusiladas en Andalucía, la horquilla resulta demasiado amplia: entre un 2 y 5%, que incluiría a las torturadas o encarceladas durante la Guerra Civil en la comunidad. Cándida Martínez, catedrática de  Historia Antigua de la Universidad de Granada, apunta que “aún habría que depurar muchos los datos porque no hay muchas investigaciones hechas como para conocer perfectamente todos los detalles”.

La publicación de este estudio destapa una violencia específica, para muchos desconocida, que permitía al régimen de Franco y a sus artífices “degradar su dignidad como mujeres” con graves ejemplos de violencia. Muchos de estos métodos tenían como objetivo “purificarlas”, atacar su feminidad y utilizar su cuerpo para deshonrar y castigar al enemigo varón. Entre las acciones más habituales: violaciones, tocamientos, purgantes, los paseos con pelo rapado, colocación de moños rojos con la cabeza rapada al cero, abusos sexuales, etc…  “La intención de esta represión era muy distinta a la de los hombres, las humilla y las degrada de mayor manera. Y eso es una tortura específica que forma parte de esa memoria que no se recoge”

Las mujeres de aquella etapa que venían del “bando rojo” eran calificadas en los múltiples informes de “mujeres caídas o desafectas al régimen”. Podían ser esposas de fusilados, haber sido activistas políticas o estar señaladas por tener algún miembro de la familia en la cárcel. Eran juzgadas como peligrosas activistas y en algunas ocasiones fueron juzgadas por la militancia de sus familiares. Llevaban el peso del control social que ejercía el régimen sobre su género, unido a una responsabilidad “transferida” por los familiares que tenían huidos. Solo por este motivo podían recluirlas largos años en la cárcel, en graves condiciones de higiene y salud.

Informes psiquiátricos de médicos militares, como el de Vallejo Nájera, que luego tenían muchas veces su culminación en sentencias de los tribunales militares de la época, certificaban que las activistas republicanas “eran mujeres sin freno, mujeres fieras, y por ello había que controlarlas para impedir un comportamiento inadecuado e impropio de mujeres de bien”, apunta Cándida.

“NATURAL SIMPLEZA DE LAS MUJERES”

Otra de las distinciones significativas en cuanto a género que hacía el régimen se reflejaba en los distintos tipos de sentencias. En algunos fallos judiciales, el régimen se inclinaba por un “cierto paternalismo”, tratando la actitud reivindicativa como “natural simpleza de las mujeres”,  ya que no las llegaba a considerar ni siquiera ciudadanas o seres humanos completos. Martínez explica que en estos casos “se trataba de una mujer a la que se le perdonaba las acciones cometidas”. Sin embargo, en otras muchas ocasiones se concedió a muchas mujeres “un tratamiento penal severo”, con duras penas de cárcel y reclusión, tal y como señala el estudio. Además, su condición de mujeres políticas era tratada con mayor dureza por parte del régimen ya que este tipo de actividades no entraban “dentro de las funciones naturales femeninas”, establecidas por la Sección Femenina.

Martínez señala  que “por esa única condición de mujeres, su trato en la cárcel podía llegar a ser mucho más severo”. En medio de condiciones infrahumanas, el estudio destaca un aspecto clave para conocer la memoria de aquellas mujeres y sus vivencias: las redes de solidaridad que ellas creaban en esas cárceles. “Es muy bonito conocer de cerca ese aspecto que revela cómo se fueron forjando los mecanismos de supervivencia dentro y fuera de la prisión”, concluye Martínez.

 

JUECES PARA LA DEMOCRACIA: "UN ESTADO NO DEBE TOLERAR FOSAS CON MILES DE VÍCTIMAS JUNTO A CUNETAS"

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La asociación judicial progresista denuncia el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y la actitud obstruccionista del Gobierno. Reclama que se destine dinero para la exhumación y la identificación de las víctimas.

Público.es / J. PÉREZ / 12-09-2014

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha denunciado este viernes que el Gobierno obstruye e incumple lo establecido en la Ley de Memoria Histórica y ha expresado su apoyo a las víctimas del franquismo, muchas de ellas de avanzada edad y que tienen derecho a una reparación adecuada de su sufrimiento.

Bosch recuerda que Naciones Unidas acaba de declarar que el Estado español "está incumpliendo sus compromisos internacionales y dejando sin protección a las víctimas del franquismo".

Los informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra por parte del grupo de trabajo contra las desapariciones forzadas y por parte del relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición muestran "el manifiesto incumplimiento del Gobierno tanto de la ley interna como de las normas internacionales. Y expresan su preocupación por la indiferencia de las instituciones españolas hacia las víctimas, así como reprochan su falta de voluntad de reparar el daño sufrido por los familiares de los asesinados por el franquismo", destaca Bosch.

Bosch: "Somos el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de víctimas de desapariciones forzadas sin identificar"

La asociación progresista denuncia en un comunicado la falta de aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, que establece una serie de obligaciones para el Gobierno, "entre las cuales se encuentra el deber de adoptar medidas para la localización e identificación de las más de 114.000 personas que siguen en fosas comunes, lo cual representa una situación inaceptable en una sociedad democrática".

Además, la ley también establece la obligación de los poderes públicos de financiar las exhumaciones, insiste Bosch quien rechaza el argumento del Gobierno de que no dispone de medios económicos: "ello podría explicar una reducción de las partidas presupuestarias, pero no la absoluta paralización que se ha producido de las actuaciones institucionales. Existe por parte del Gobierno una evidente voluntad de no continuar con las exhumaciones. Y eso es contrario a nuestra legislación y a las obligaciones internacionales de nuestro país", remacha.

Esa "actitud obstruccionista" del Gobierno está "en la línea de una incomprensible actitud de condescendencia hacia el régimen anterior".

Jueces para la Democracia recuerda que reparar a las víctimas y permitirles recuperar los restos de sus seres queridos "no supone una apuesta ideológica determinada, sino que representa el funcionamiento más básico de un Estado de Derecho, a través de principios que tienen carácter universal. Sin embargo, seguimos siendo el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados".

Por ello, la asociación judicial expresa su apoyo a las víctimas del franquismo, "muchas de ellas de avanzada edad y que tienen derecho a una reparación adecuada de su sufrimiento. Y reclamamos al Gobierno que no siga haciendo dejación de sus funciones, ni incumpliendo sus deberes legales. Un Estado democrático no debe tolerar que sigan existiendo decenas miles de víctimas de una dictadura en fosas comunes junto a cunetas".

 

UNA EXPOSICIÓN RECUPERA LA MEMORIA DEL PENAL DEL FUERTE DE SAN CRISTÓBAL

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La muestra recoge la memoria de reclusos, supervivientes y de quienes fueron enterrados allí.

El País / EFE / 15-09-2014

Presentación de la exposición "Lur azpitik-lur azaleratuz, que aflore lo enterrado", en la que participa el forense Paco Etxeberria, en la imagen junto a Ana Arrieta y Koldo Pla. / JAVIER HERNÁNDEZ

El Fuerte de San Cristóbal, en Navarra, fue un penal que alojó a más de 5.000 presos entre 1934 y 1945. Una exposición inaugurada hoy en el campus de Gipuzkoa de la UPV, en San Sebastián, recupera la memoria de esos reclusos, de los supervivientes y de los que fueron enterrados allí, en el llamado cementerio de las botellas.

Lur Azpitik lur-azakeratuz. Que aflore lo enterrado es el lema de esta exposición, que busca dar a conocer un lugar "silenciado", una fortaleza militar, situada en el monte de Ezkaba, ejemplo de la represión franquista, donde murieron en custodia 700 presos republicanos y que acabo convirtiéndose en hospital penitenciario.

Fallecían a causa del hambre, el frío y las enfermedades, cuando no de las palizas y las "sacas", y fueron tantos que se los comenzó a enterrar en la ladera del monte, en ataúdes de pino con una botella de cristal entre las piernas -de agua, jarabes, medicamentos, champán, gaseosa o alcoholes- para cumplir un mandato de Franco el 22 de enero de 1937.

Esa orden daba instrucciones sobre el enterramiento de soldados, a los cuales se les debía identificar con una medalla o con una botella colocada entre las piernas que contuviera en su interior documentación sobre el finado.

Las exhumaciones que se han llevado a cabo desde 2007 por la sociedad de Ciencias Aranzadi y la asociación Txinparta, solicitadas por las familias de las víctimas, han permitido constatar que ese cementerio es el ejemplo "más notorio" del uso de las botellas para guardar los documentos identificativos de los fallecidos.

Ambas entidades, junto a la UPV, donde se han realizado los análisis antropológicos y genéticos, son las organizadores de esta exposición, con la que se complementa la publicación "El Fuerte de San Cristóbal en la memoria: de prisión a sanatorio penitenciario. El cementerio de las botellas", dirigida por el antropólogo forense de Aranzadi Francisco Etxeberria y Koldo Pla, de Txinparta.

Etxeberria y Pla han participado hoy junto a la vicerrectora del campus de Gipuzkoa, Ana Arrieta, en la inauguración de esta muestra, que tras su paso por Ansoain en mayo, llega ahora a San Sebastián y en diciembre viajará al campus de Álava de la universidad pública vasca. "El olvido es para las víctimas y sus familias una herida abierta y una fuente de dolor que nuestra democracia debe cerrar", ha destacado Arrieta en esta acto, al que han asistido también algunos allegados de estos presos.

Pla ha recordado, por su parte, que en torno al Fuerte de San Cristóbal hubo "un gran periodo de silencio" y que hasta 1988 no se tributó el primer homenaje a los protagonistas de la fuga masiva que se produjo en el penal el 22 de mayo de 1938, del que escaparon 795 personas -sólo 3 cruzaron a Francia, 208 fueron abatidas a tiros y el resto de nuevo capturadas-.

Por esa prisión pasó Agustín Raya Sánchez, ferroviario de Miranda de Ebro y abuelo de Hedy Herrero Hernán, quien hoy el recordaba junto a su abuela Vicenta, a la que considera también una "presa" que siguió a su marido hasta Pamplona, donde hizo todo tipo de trabajos para sacar adelante a sus cinco hijos, de los que tuvo que separase.

También Juan María Pallín, un médico que estuvo allí tres años y que después de la guerra nunca pudo ejercer su profesión y trabajó como representante de líquidos de revelado fotográfico, cuya hija mostraba hoy un recetario farmacológico pulcramente manuscrito que su padre escribió en la cárcel, junto a una crónica de la fuga.

Para el Fuerte de San Cristóbal, construido con fines militares durante las guerras carlistas y declarado Bien de Interés Cultural en 2001, existe ya una propuesta para que sea convertido en "Lugar de Memoria". Lo que allí ocurrió, los testimonios que dejaron algunos presos y los de sus familiares acompañan el recorrido por esta exposición, un ejemplo del "patrimonio negativo" que alimentó la Guerra Civil.

Francisco Etxeberria ha hablado hoy de la importancia de la "dimensión de laboratorio" necesaria para la recuperación de la memoria histórica, pero ha destacado la gran relevancia de la dimensión "simbólica", que es la que "más conmueve", la de gestos que llevan a algunos familiares a acercarse a San Cristóbal sólo para recoger un puñado de la tierra donde enterraron a los suyos. "Por eso decimos que exhumando fosas recuperamos dignidades", ha subrayado.

 

EL GOBIERNO CIERRA FILAS ANTE LA ONU Y RECURRE A LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA QUE DEJÓ SIN FONDOS

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La representante del Estado español ha recurrido a la ley promulgada por el Gobierno de Zapatero, muy criticada por el PP y anulada de facto por el Gobierno del Rajoy, para defenderse del informe presentado por el relator especial de la ONU ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

público.es / ALEJANDRO TORRÚS / 10-09-2014

Cierre de filas total y absoluto. Ante el duro informe del relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, el Gobierno español ha reaccionado matando al mensajero en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. La representante de España ha calificado el informe a ratos de "erróneo", otras de "inexacto", así como ha acusado al relator de la ONU de "olvidar" reunirse con otras asociaciones de víctimas de la dictadura que consideran que "el mayor triunfo de sus pretensiones" ya se había logrado: "la consolidación de la democracia". Eso sí, no ha sabido concretar a qué asociaciones se refería tras ser preguntada por víctimas de la dictadura al término de la reunión.

Así, la representante de España ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Ana María Menéndez, ha llevado a cabo una encendida defensa de la Transición, de la Ley de Amnistía y el papel del Poder Judicial respecto a la impunidad de la dictadura franquista. Menéndez ha esgrimido que las víctimas pueden acudir a los tribunales por la vía contencioso-administrativo para negar que exista la impunidad judicial del franquismo y ha sacado a flote la Ley de Memoria Histórica como un conjunto de medidas de "reconocimiento y de carácter simbólico" para las víctimas, a pesar de que el Partido Popular la anuló de facto dejándola sin fondos. De hecho, las exhumaciones se están realizando con voluntarios y con el dinero de los familiares de las víctimas.

El principal argumento del Gobierno del Partido Popular ante la ONU se ha sustentado en el consenso político de la Transición y en el convencimiento de que "el olvido y el perdón" eran la única vía para "la reconciliación". "La Transición española es un caso especial porque constituye una reconciliación nacional sin justicia penal de acuerdo a la decisión consensuada por la inmensa mayoría de fuerzas parlamentarias elegidas de manera libre y democrática", ha señalado Menéndez.

Ante la exposición de Menéndez, Pablo de Greiff, que ha leído previamente su informe, ha señalado que la asistencia y reparación de las víctimas "no es un asunto de políticas partidistas o programas políticos, sino de principios y derechos que conciernen a todos. España puede hacer mucho más". Cabe destacar que ninguna víctima de la dictadura ha podido participar en un debate donde una vez más son la principal ausencia.

Reacción de las víctimas de la dictadura

El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos en España y promotor de la llamada Querella Argentina, Jacinto Bonilla, ha querido destacar en declaraciones a Público que el relato de la representante española es "erróneo de raíz".

"Está justificando el no cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España en virtud de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, entre otras, por motivos de conveniencia política en un momento dado como fue la Transición", señala Bonilla, que explica que confrontar "razones jurídicas con razones políticas", como ha hecho la representante española, es "negar el Estado de Derecho".

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha calificado en un comunicado como "lamentable" la intervención del Gobierno ante el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. "Resulta lamentable ver que en una democracia como la española, delitos de lesa humanidad, que no pueden prescribir por ninguna ley de amnistía, son archivados sin llevar a cabo la más mínima atención a los familiares que han sufrido los delitos más graves que se pueden cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver", ha asegurado Emilio Silva, presidente de la ARMH.

El viernes, nueva prueba

El viernes será el turno para la exposición del informe que elaboró el grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas en su visita a España durante el pasado mes de septiembre. La delegación tenía como objetivo esclarecer si el Estado español cumple con su obligación de investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista y de reparar a las víctimas.

Las observaciones preliminares del grupo de trabajo fueron contundentes. Entre otras aseveraciones, el grupo instó al Estado español a juzgar las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la dictadura, así como a emprender las reformas necesarias para que la Ley de Amnistía no sea un obstáculo. Además, recomendó al Gobierno a dotar de contenido y fondos la Ley de Memoria Histórica y a colaborar con las asociaciones memorialistas y de víctimas. Así lo explicó el autor del informe, Ariel Dulitzky, en una entrevista concedida a Público.

Sobre este último informe se pronunció el lunes Alberto Ruiz Gallardón en el pleno del Senado. El ministro de Justifica señaló que el Gobierno "discrepa claramente" con algunos aspectos que recogen los informes de la ONU sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, sobre todo, en la derogación de la Ley de Amnistía de 1977.

 


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