Memoria Histórica

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Memoria Histórica

"NO QUIERO MORIRME SIN VER A MI TORTURADOR SENTADO EN EL BANQUILLO"

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Cuatro asturianos se querellan contra sus verdugos, Pascual Honrado de la Fuente y Fernando Caro Leiva, y otros tres buscan a los culpables de la desaparición de sus abuelos // Cinco avilesinos ultiman otra denuncia por los sucesos de la Quinta Pedregal.

asturias24 / SUSANA D. MACHARGO / 23-04-2014

Clemente Amago era el alcalde de San Tirso de Abres por el Partido Socialista cuando estalló la Guerra Civil. Se echó al monte por miedo a la represión, pero el 1 de septiembre unos vecinos falangistas le apresaron y torturaron. La última vez que su mujer y su hijo pequeño le vieron iba en un camión camino de Lugo, apenas irreconocible por los moratones y la hinchazón del rostro, casi moribundo. Meses después les llegó por correo un reloj del que nunca se separaba. Después de la contienda, tuvieron que afrontar una multa de 200 pesetas, ya que el Gobierno faccioso acusaba a Clemente Amago de haber abandonado su puesto como regidor. La familia convivió durante décadas con los asesinos. Esta semana, 78 años después, su nieto, Manuel Amago, honra su memoria incorporándose a la Querella Argentina, con un nudo en la garganta que no se deshace ni siquiera cuando relata las ironías de la historia.

Junto a Amago, dos descendientes más de desaparecidos y cuatro torturados asturianos durante la dictadura se han sumado a la Querella Argentina, con el objetivo de que los crímenes del franquismo no queden impunes. Los otros nietos de desaparecidos son María José Martínez y Xosé Miguel Soler. Todos quieren seguir los últimos pasos de sus abuelos. De los cuatro torturados, Anita Sirgo y Manuel José García, El Gallego acusan directamente al que fuera capitán de la Guardia Civil, Fernando Caro Leiva; Faustino Sánchez, Fausto y Vicente Gutiérrez Solís, a Pascual Honrado de la Fuente, de las palizas que sufrieron. Sirgo resume de forma contundente sus sentimientos: "No quiero morirme sin ver a mi torturador sentado en el banquillo".

Detrás de los siete querellantes está la Comuna d'Asturies, la delegación en el Principado de la Coordinadora de Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, fundada en abril de 2013 y que ya ha recabado el apoyo de 19 municipios con mociones de sus plenos. El colectivo presta apoyo moral y jurídico a las víctimas y les ayuda a articular su causa. El viernes presentarán en el consulado argentina en Madrid estas siete primeras demandas y ya ultiman más. En concreto, la Comuna trabaja en otras cinco relacionadas con las torturas en la Quinta Pedregal, ocurridas poco después del fin de la Guerra Civil. Su portavoz, Francisco Javier Rodríguez Amorín, explica que entre los posibles demandantes está la exconsejera de IU, Laura González y Nelly Fernández, exsenadora y exdiputada del PSOE. Su pretensión es presentarlas en mayo, en el consulado de argentina en Vigo.

LOS CASOS

Recuerdan con precisión los días, las horas y hasta los minutos, la indumentaria de los torturadores, la sangre en las paredes de los pasillos y las celdas, los compañeros de palizas, hasta la sopa que sus familiares intentaban hacerles llegar. Su relato de los hechos esta tan preciso que parece imposible que hayan pasado décadas y no semanas. Faustino Sánchez, Fausto, dirigente del Partido Comunista, dice que no le "llega la ropa al cuerpo" cuando piensa en el rosario de torturas y detenciones --a las que se refiere como "caídas"-- que sufrió durante décadas. A la Querella Argentina incorpora solo dos, una octubre del 61 y otra en junio del 69. La voz se le quiebra cuando recuerda las patadas y los golpes, los tímpanos reventados sangrando y las costillas rotas, desnudo frente a los torturadores. "No hay ni un solo día en la vida que no lo recuerde", insiste Fausto.

Vicente Gutiérrez Solís prefirió exigir justicia antes que contar su caso. La prioridad de Gutiérrez Solís es "que no queden impunes los crímenes del franquismo tras 39 años de democracia". Este militante del Partido Comunista, con responsabilidades desde 1955, que fue detenido y sufrió un calvario de detenciones, exige la "extradición a Argentina de todos los torturadores que queden vivos" y la reparación para las víctimas y las familias que sufrieron la violación de sus derechos humanos. Precisa que "no se trata de buscar venganza sino justicia".

Manuel José García, El gallego, describe una escalofriante precisión su detención del 7 de agosto de 1963, una de las catorce que sufrió por su implicación política. El gallego aún habla del tolete recubierto de perdigones con el que le golpeaban o de lo difícil que era ponerse de pie, desnudo, tras recibir un golpe. Pero la escena más aterradora la pinta cuando cuenta aquella madrugada que le sacaron a pasear, con otro compañero, por los barrios de Langreo, y cómo sus torturadores les pusieron de espalda y dispararon al aire, para aterrorizarles e intentar que echasen a correr, y así acusarles de un intento de fuga.

Una de las víctimas torturadas en la huelga minera de 1962 fue Anita Sirgo. Su relato tiene muchos puntos en común con sus compañeros y conserva intactos detalles que dejan patente la crueldad de los verdugos. Sirgo recuerda las salpicaduras de sangre en las paredes del pasillo y de las celdas y también en la camiseta blanca del capitán Caro Leiva, que las lucía orgulloso, tras una sesión de tortura, para amedrentar al siguiente. Incluso se paseaba con ellas por la calle y cuando "salía a presumir en una cafetería de la calle Dorado". Su impresión es que estaba ante un hombre que actuaba como si estuviese drogado, que disfrutaba infligiendo sufrimiento. "Ya soy mayor, pero no me quiero morir sin verlo sentado en el banquillo. Necesitamos ayuda para conseguirlo", clamó.

Xosé Miguel Soler ni siquiera sabe dónde está enterrado su abuelo Jesús Fernández, un albañil de Tapia, al que sacaron una noche de la cárcel en la que permanecía encerrado para fusilarlo, pocos meses después del estallido de la guerra. Pretende que quede constancia de su historia, que una instrucción haga justicia, con la memoria del abuelo y de otros muchos que sufrieron su misma suerte. En su denuncia constan otros casos de asesinatos, encarcelamientos y vejaciones cometidos en el occidente. Para él, la recopilación del material ha sido una forma de comprender la trayectoria de su familia.

La última de los siete demandantes es María José Martínez, que se persona en la Querella Argentina en nombre de sus cuatro abuelos. Solo su abuela materna sobrevivió. Al resto no los conoció. Desaparecieron, unos en el año 1937, aún en plena contienda, y otro, dos meses después de la rendición. Martínez cuenta historias de mujeres valientes que dieron a luz en la cárcel, de cuerpos en fosas comunes, de desesperación, palizas y un peregrinar por cárceles. María José precisa que solo uno de sus cuatro abuelos tenía una implicación política real, una conciencia de izquierda clara. Para el resto ni siquiera hay una explicación que lo sustente.

 

ANA MESSUTI: "LA QUERELLA ARGENTINA ESTÁ MUY BIEN PERO LO IDEAL ES QUE SE JUZGUE LA DICTADURA AQUÍ"

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La abogada de las víctimas de la dictadura franquista ante la Justicia argentina publica 'Un deber ineludible', un ensayo que nace de su tesis doctoral y que indaga en la obligación internacional de los Estados de perseguir penalmente los crímenes internacionales cometidos en su territorio.

Público.es / ALEJANDRO TORRÚS / 23-04-2014

La abogada de las víctimas de la dictadura franquista ante la Justicia argentina, Ana Messuti.

Rodeada de víctimas de la dictadura franquista, juristas de reconocido prestigio, antiguos alumnos de la Universidad de Buenos Aires y funcionarios de la Embajada argentina en Madrid, entre otras personalidades, Ana Messuti, abogada de la acusación en la llamada querella argentina, presentó ayer su último libro, Un deber ineludible. La obligación del Estado de perseguir penalmente los crímenes internacionales (Editorial Ediar), una obra que nace de la tesis doctoral de la letrada en la Universidad de Salamanca y que indaga en la obligación internacional de los Estados de perseguir penalmente los crímenes internacionales cometidos en su territorio.

La obra, tal y como contó Laura Zúñiga, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y directora de la tesis doctoral, nació del deseo de la autora de encontrar en el Derecho Penal una solución duradera al problema de la impunidad de la dictadura franquista, en particular, y de los crímenes de lesa humanidad y/o genocidio, en general. "La autora se planteó qué pedían la Memoria Histórica y las víctimas al Derecho Penal y cuáles de esas demandas podían ser resueltas por el Derecho Penal y el resultado es esta obra", ha señalado Zúñiga, que señaló que la tesis de Messuti ha sido "la que más satisfacciones" le había traído.

Asimismo, el acto de presentación contó con la participación de Ariel Jerez, profesor de Ciencias Políticas y Vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, y de Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional, que reparó en la paradoja de que el Derecho Internacional que no fue capaz de evitar que algunos estados cometieran genocidios es el mismo que está obstaculizando la investigación, persecución, enjuiciamiento y reparación de las víctimas de esos genocidios. "¿Qué credibilidad tienen nuestros sistemas democráticos? ¿Están asentados sobre los valores de derechos inalienables de las personas o sobre otros valores y razones?", reflexionó el magistrado.

Su obra parte de la idea de que gran parte de los crímenes más terribles del siglo XX han quedado impunes porque los códigos penales de los Estados nacionales no contemplan los crímenes que se cometieron como el genocidio o crímenes de lesa humanidad. ¿Qué solución plantea para dar justicia a las víctimas?

La impunidad tiene mucho que ver con la voluntad de no investigar y no juzgar. Los crímenes internacionales (genocidio crímenes contra la humanidad) son tales por su gravedad. Y son tan graves porque los Estados han favorecido su comisión o han amparado a sus autores. Por lo tanto, es muy difícil que el Estado donde se han perpetrado los crímenes se ocupe de perseguir a sus autores. En cambio, toda la comunidad internacional está interesada en que no se cometan ese tipo de crímenes, en que no queden impunes. Por ello, las normas que los prevén son las normas del derecho internacional. Sólo recientemente se van incorporando a los Códigos penales nacionales los tipos penales correspondientes a los crímenes más graves. Lo ideal sería que se considere la unidad del Derecho internacional y el Derecho nacional. Es decir, que haya una unidad entre el Derecho nacional y el Derecho internacional, y que el Derecho nacional respete la preeminencia del Derecho internacional (generalmente reconocida en las constituciones nacionales). Combatir la impunidad es necesario para que no sea letra muerta lo dispuesto en los tratados de derechos humanos.

"Es muy difícil que el Estado donde se han perpetrado los crímenes se ocupe de perseguir a sus autores"

España, a pesar de haber firmado la Convención contra la tortura, por ejemplo, no persigue a aquellos que torturaron sistemáticamente y considera esos crímenes prescritos. ¿Actualmente esos tratados de derechos humanos que ha firmado España son letra muerta hasta que se juzgue el franquismo?

Considerar prescritos crímenes tan graves como la tortura practicada sistemáticamente revela la voluntad de no juzgarlos. Los tratados no son letra muerta, simplemente la justicia española no los considera vinculantes, sino como meras recomendaciones. Sin embargo, los tratados como la Convención contra la tortura generan obligaciones para los Estados.

¿Qué Estados y qué crímenes están quedando impunes actualmente?

Ahora mismo, por muchos motivos, pensamos en primer lugar en los crímenes de la dictadura franquista. Pero hay muchos crímenes que quedan impunes y que pueden quedar impunes tras la reforma legislativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a la jurisdicción universal. También en América Latina hay muchos crímenes que han quedado impunes, como en el caso de Guatemala (a pesar de haberse juzgado), Brasil, Uruguay, El Salvador.

Usted vivió en primera persona la locura de un régimen autoritario tratando de eliminar a sus rivales. Era profesora auxiliar de la Universidad de Buenos Aires cuando abandonó el país al sentirse amenazada.

Me echaron de la facultad. Sentí la amenaza y decidí irme (tenía hijos muy pequeños). Luego me di cuenta de que había hecho muy bien en irme.

Le hago esta pregunta porque le quiero preguntar qué siente ahora cuando su país, Argentina, está juzgando los crímenes de aquella dictadura de la que usted fue "exiliada preventiva" y está encarcelando a los responsables.

Me siento muy bien, pero no por la venganza. Me siento bien porque veo que el sistema jurídico de mi país está funcionando bien y está tratando por todos los medios, sin malabarismos improcedentes y con buena fe, de leer el derecho de manera tal que el ordenamiento jurídico resulte coherente, es decir, que si bien penaliza los crímenes menos graves no deja impunes los más graves. Eso es fundamental.

"Es una reparación simbólica y física porque supone un desahogo: de su boca salen palabras que tienen sofocadas desde hace años"

¿Se siente reparada?

Personalmente, no lo sé. Sí por todos mis compañeros y por los hijos de los desaparecidos. Siento esa reparación. Una reparación que no es económica y que sólo se siente cuando la hace la Justicia.

 

MEMORIA HISTÓRICA: 14 AÑOS EXHUMANDO FOSAS, RECUPERANDO DIGNIDADES

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En el año 2000, los '13 de Priaranza' fueron exhumados de la fosa común en la que yacían desde 1936. Aquella labor, impulsada por Emilio Silva, fue el germen de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

ileón.com / ÁNGELA BERNARDO / 15-04-2014

Exhumación en Joarilla de las Matas (Imagen cedida por la ARMH)

Cuando Emilio fue detenido en el Ayuntamiento de Villafranca el 16 de octubre de 1936, podía imaginarse el fatal destino que le esperaba al encontrarse con otros 14 hombres en un camión custodiado por pistoleros falangistas. En medio de la oscuridad, dos de ellos intentaron escaparse, pero sólo logró huir Leopoldo Moreira (su otro compañero sería abatido a tiros). Él sería el que guardaría en su memoria el lugar donde reposarían los huesos de sus compañeros, la fosa común de los '13 de Priaranza'.

64 años después, su nieto, el periodista y sociólogo Emilio Silva, comenzaría su búsqueda, apoyado por un equipo de arqueólogos, médicos forenses y antropólogos. La exhumación de la fosa común de Priaranza sería el germen de la conocida Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que en sus catorce años de actividad ha ayudado en la recuperación de centenares de fusilados en todo el país.

Aún hay más de 100.000 desaparecidos en toda España, olvidados en más de 3.000 fosas comunes

Todo este trabajo ha servido, según Emilio Silva, para "enunciar y denunciar lo que pasó". Antes de la exhumación en Priaranza, la sociedad y los diferentes gobiernos democráticos habían decidido mirar hacia otro lado, con "pactos de silencio" que aún siguen pesando como losas sobre las fosas comunes donde reposan todavía más de 100.000 personas. Según un informe de Aministía Internacional, España es el segundo país del mundo con más desaparecidos tras Camboya. En cualquier otro lugar del mundo, "los represaliados serían héroes", denuncia Silva en una entrevista con ileon.com, quien lamenta que "ningún gobierno haya querido encargarse de esto".

España, el país que ha olvidado la cultura de los Derechos Humanos

El año 2000, recuerda Emilio Silva, hoy presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, supone "un verdadero cambio para la democracia en España". Hace solo unos días, el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca, investigador de la Universidad Carlos III, sugería que en ese año se producía un "verdadero punto de inflexión" al recordar la Transición, ya que los nietos de las víctimas comenzaban a buscar a sus familiares desaparecidos, reivindicando su memoria.

Exhumación en Quintana de Rueda (Imagen cedida por la ARMH https://www.flickr.com/photos/memoriahistorica/12652041005/)
 
Catorce años después de aquellas primeras exhumaciones, y tras los 83 años de la proclamación de la II República, Silva celebra que "se haya superado ese complejo de inferioridad". La labor de la ARMH, sin duda, ha servido para "sacar del olvido a las víctimas, exhumando también su historia". Y aunque el trabajo de la Asociación se haya centrado en encontrar a los miles de desaparecidos que aún reposan en fosas comunes, su labor también ha consistido en devolver la memoria, ante la "dejadez del Estado", según denuncia Marco González, vicepresidente de la ARMH.

El papel de la Asociación ha sido fundamental para que se produzca un "aprendizaje social" en la ciudadanía. Emilio Silva cuenta que cuando comenzó a buscar los restos de su abuelo, hubo quien en el Bierzo le dijo "que estaba apoyado por el mismísimo Felipe González". Nadie entendía hace catorce años que las familias tuvieran derecho a exhumar a sus desaparecidos.

A pesar de que este período de tiempo ha servido para demostrar que desenterrar a los fusilados no iba a abrir viejas heridas, sino más bien a ayudar a curarlas, aún queda mucho por hacer. En ese sentido, la ARMH sigue denunciando comportamientos como el del diputado del Partido Popular Rafael Hernando, quien dijo que "los familiares de las víctimas del franquismo solo se acordaban de desenterrar a su padre cuando había subvenciones".

El año pasado se censuró en Bruselas una exposición sobre las víctimas del franquismo y el trabajo en la exhumación de fosas

Sus declaraciones, denunciadas ante el Tribunal Supremo por la Asociación, reflejan también "el olvido y el insulto" al que han tenido que someterse los desaparecidos y sus familias durante décadas. El año pasado, por ejemplo, el propio Partido Popular europeo censuró una exposición sobre las víctimas del franquismo en Bruselas, dado que "las imágenes eran demasiado impactantes". Olvidaban, sin embargo, que en la misma sala del Parlamento europeo había habido fotografías expuestas sobre el Holocausto nazi y los atentados de ETA.

Arqueología y genética forense para exhumar las fosas

Esta dejadez política también se observa claramente en la redacción de la Ley sobre la Memoria Histórica, según denuncia Marco González. Y es que en el proceso de exhumación de fosas, tras la recopilación de toda la información posible sobre los desaparecidos y la recogida de testimonios por especialistas en antropología social, la Asociación debe solicitar los permisos oportunos para realizar las excavaciones.

Derek Congram, antropólogo forense que trabaja voluntariamente en el laboratorio de Ponferrada (fotografía cedida por la ARMH)
  

En la provincia de León, en palabras de González, "nunca ha habido problemas con terrenos de las administraciones públicas o el Obispado". No sucede lo mismo cuando se trata de fincas privadas, ya que en ocasiones, los propietarios se niegan a conceder esos permisos para proceder a la exhumación de los cuerpos. La propia ARMH ha llevado a juicio a una salmantina que llegó a pedirles dinero para autorizar la apertura de la fosa común.

Según González, "estas situaciones son un fallo provocado por la propia Ley de Memoria Histórica, que aunque habla de expropiación temporal de los terrenos, no dice quién debe hacerlo". El limbo legal en el que se encuentran las víctimas, cuando se cumplen 75 años del fin de la Guerra Civil, es una buena muestra del olvido democrático y el silencio sobre los crímenes ocurridos desde 1936, tras el golpe de estado de Franco.

En el caso de que puedan realizar la exhumación de la fosa, la ARMH se apoya en voluntarios con formación científica y técnica para desenterrar los cuerpos e identificar a los fusilados. Para ello han tenido que contar con arqueólogos, médicos forenses o genetistas que brindan sus horas libres para que "los huesos hablen, ya que las personas que están en las cunetas tienen mucho que decir a nuestra democracia", reclama González.

Ciencias como la arqueología y la antropología forense o la genética son claves para identificar a los desaparecidos. En las pruebas de laboratorio, según explica González, los investigadores realizan mediciones de los huesos y analizan las causas de la muerte, donde habitualmente se observan perfectamente los cuerpos tiroteados.

Los análisis genéticos también han sido fundamentales para reconocer con un 99% de precisión a las víctimas. Las muestras se suelen extraer de dientes o del fémur de los desaparecidos, para así estudiar el ADN nuclear o mitocondrial y compararlo con el de sus familiares. En Burgos, provincia donde se ha exhumado el mayor número de fosas, existe un proyecto piloto para utilizar muestras de ADN en la identificación, que ha contado con la colaboración de biólogos de la Universidad Autónoma de Madrid, en palabras de Silva.

Las pruebas de ADN permiten identificar con un 99% de precisión a las víctimas

Es necesario reconocer el papel de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, una entidad sin ánimo de lucro que ha conseguido en catorce años crear una conciencia social sobre el pasado, reivindicando la historia de las miles de víctimas que aún siguen en fosas comunes reclamando justicia.

Este pionero movimiento ciudadano, nacido del trabajo voluntario de decenas de personas anónimas, ha conseguido sacar del olvido a los más de 100.000 desaparecidos, curando las heridas provocadas por el golpe de estado militar que desencadenó la Guerra Civil y los cuarenta años de dictadura. Su labor ha ido más allá de la mera exhumación de fosas, recuperando la dignidad de una democracia que silenció el horror franquista.

 

UNA JUEZ ARGENTINA ACEPTA UN CASO DE FUSILADOS DEL FRANQUISMO EN GRAN CANARIA

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El Juzgado Federal número 1 de Buenos Aires ha aceptado la querella interpuesta contra España por los familiares de cinco republicanos fusilados en 1937 por partidarios de la sublevación franquista en el municipio de San Lorenzo (Gran Canaria), que fue disuelto tras aquellos sucesos.

eldiario.es / EFE / 22-04-2014

El cónsul argentino en Canarias, Pablo Antonio de Angelis, ha confirmado hoy a Efe que la juez María Servini ha admitido a trámite la querella de este colectivo de Gran Canaria y la ha unido a la causa en la que se investiga la posible comisión de crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil española y la dictadura.

"Todas las denuncias formuladas en España han sido incorporadas a la causa y su aporte ha sido muy significativo para el avance de la misma", ha señalado el cónsul, citando, a su vez, la comunicación escrita que ha recibido de las autoridades de su país.

La querella remitida desde Gran Canaria pide a la juez Servini que investigue los hechos ocurridos en la isla el 29 de marzo de 1937, cuando fueron fusilados el alcalde de San Lorenzo, Juan Santana Vega; el secretario del Ayuntamiento, Antonio Ramírez Graña; el inspector jefe de la Policía local, Manuel Hernández Toledo, y los sindicalistas Francisco González Santana y Matías López Morales.

La denuncia asegura que todos ellos fueron además torturados y que el hijo de Francisco González Santana, un bebé de cuatro meses, fue asesinado por falangistas y militares, que lo arrojaron violentamente contra una pared durante un registro.

La querella la interpusieron en el Consulado Argentino en Santa Cruz de Tenerife el pasado 3 de octubre dos nietos de González Santana: Francisco Manuel González Tejera y Juana del Pino González Santana.

Ambos piden a la juez federal número 1 de Buenos Aires que, en aplicación de la jurisdicción universal sobre crímenes contra la humanidad, investigue el caso de los fusilados de San Lorenzo y condene a España "por ocultar y proteger a los sus asesinos".

También solicitan a la magistrada argentina que ordene la exhumación de los fusilados (enterrados en una fosa común del Cementerio de Las Palmas) y que sus restos sean identificados y entregados a sus familiares, para que puedan darles sepultura.

En un comunicado, la Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo expresa "su agradecimiento profundo al pueblo y a la Justicia argentina por haberse declarado competente para juzgar el asesinato" de sus familiares, que fueron fusilados, añade, "por el único motivo de defender la democracia y la libertad, ante el golpe fascista contra la legítima República".

Este colectivo confía en que, "una vez aceptada la demanda, se podrá determinar e identificar judicialmente a quienes participaron de aquellos hechos terribles e imputarlos, más allá de que estén vivos o muertos".

"Es una vergüenza que otro país tenga que investigar lo que en el Estado español su gobierno y la judicatura han negado a unas familias, amparadas por la Justicia universal, en unos delitos de crímenes de lesa humanidad que jamás prescriben, prohibiéndonos en varias sentencias judiciales algo tan humano como la recuperación de los huesos de nuestros muertos", añade.

 

LA REPRESIÓN DEL 36 SIGUE EN PIE MIENTRAS HAYA DESAPARECIDOS

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Las familias perseguidas por Franco exigen el derecho a recuperar a los suyos.

La Vuelta del Castillo acogió el sentido homenaje a los fusilados entre vivas a la III República.

noticias de Navarra / LOLA CABASÉS HITA IÑAKI PORTO / 13-04-2014 

Los familiares de más edad vieron el homenaje en sillas dispuestas para ellos. (IÑAKI PORTO)

El lugar de la Vuelta del Castillo de Pamplona donde en la guerra provocada por el alzamiento franquista contra el poder establecido fueron asesinados numerosos republicanos volvió a ser ayer punto de encuentro para el homenaje, el recuerdo y la reivindicación. Aunque han pasado 77 años desde el golpe de Estado y 39 de la muerte del dictador, Navarra tiene una deuda con los represaliados y se estima que aún hay cerca de un millar de personas, desaparecidas entonces, enterradas en campas y cunetas, en fosas escondidas y, consecuentemente, muchas familias que no han cerrado el duelo.

El sol acompañó un concurrido acto cargado de emotividad y el viento contribuyó a que banderas republicanas, ikurriñas y enseñas de la CNT ondearan al viento mientras desde el atril instalado por la Asociación de Familiares de Fusilados, Asesinados y Desaparecidos de Navarra (Affna) cuatro representantes de familias represaliadas relataron su cruel experiencia y apelaron al recuerdo; a la necesidad de seguir trabajando en la búsqueda de los desaparecidos y a no olvidar para no repetir el horror. Este evento, que se hace coincidir el aniversario de la proclamación de la II República (14 de abril de 1931), fue escenario también de proclamas y vivas al régimen republicano.

La música y la palabra centraron este encuentro antifascista y un aurresku y las flores depositadas ante el monolito en el que, en castellano y euskera, figura la inscripción El ayuntamiento de la ciudad y la ciudad de Pamplona como homenaje a los 298 vecinos fusilados en 1936 por defender la libertad y la justicia social, completaron la celebración que unió a generaciones de familias.

Un año más Koldo Pla, de la Sociedad Txinparta, condujo el acto que se prolongó por espacio de una hora larga e intensa en emociones. El coro Aritza Abesbatza de Aibar, la cantautora Maite Mene y la violinista Zelaida Biurrun pusieron el fondo musical.

Carlota Leret O´Neill, hija del comandante de aviación Virgilio Leret Ruiz, de Pamplona, y a quien se atribuye ser el primer asesinado en 1936 (en Melilla) arremetió contra los borbones. "Si la I República apenas duró dos años para dar paso a la intolerancia y la crueldad de un Borbón, la II República escasamente duro ocho años y fue aniquilada a sangre y fuego, para ser sustituida por 40 años de atraso y represión. El fin de la dictadura dio paso a una monarquía absoluta y ésta a una monarquía parlamentaria pero siempre con un Borbón a la cabeza".

Denunció que en estos "casi 40 años de parodia de la democracia, mientras los grandes genocidas y asesinos como Franco y Primo de Rivera descansan en el Valle de los Caídos, las víctimas de la dictadura continúan enterradas en las cunetas sin que sus deudos sepan en cual de ellas deben rendir tributo a sus seres queridos". Recordó que "otros esbirros del tirano han corrido la misma suerte. Queipo de Llano reposa en la iglesia más venerada de Sevilla; Sanjurjo y Mola, este ultimo elevado a la categoría Grande de España, han encontrado sepultura en el Monumento a los Caídos de Pamplona" y, pese a que el Conde de Rodezno fue uno de los imputados por Garzón por crímenes contra la humanidad, "este monumento al fascismo ha sido disfrazado de museo". Todo ello, dijo Leret, "sería inaceptable en una verdadera democracia".

El sentimiento de indignación y pesar fue creciendo al intervenir Ricardo Mula, hijo de fusilado sin juicio aun desaparecido, quien relató la crudeza de una vida marcada por la represión. Destacó que la Ley de Memoria Histórica y el Parque de Sartaguda "suponen un apoyo moral importante" y apeló a la obligación que tiene el Gobierno de Navarra de dedicar una placa a todos los funcionarios asesinados. "El fracaso del odio se hace inapelable y la justicia acaba prevaleciendo con el paso del tiempo porque las vidas de la gente de bien jamás desaparecen con la muerte de sus cuerpos. Sus vidas construyeron su memoria y el ejemplo para defender una sociedad mejor", dijo antes de lanzar vivas a la III República.

Goyo Sampedro habló en nombre de Affna para agradecer la asistencia a "este acto tan entrañable y lleno de recuerdos a nuestros familiares que hace 77 años nos los asesinaron vilmente por el solo delito de pensar diferente". Aseguró que desde la asociación seguirán trabajando para recuperar restos de asesinados y entregarlos a sus familias para que puedan tener un entierro digno. Tuvo palabras de recuerdo y "abrazo de amigos" para Tomás Dorronsoro -hijo de concejal pamplonés asesinado- presente en el acto que acaba de pasar por el trance del fallecimiento de su hija Amaia, y para Roberto Rocafort, recientemente fallecido sin haber podido recuperar los restos de su padre, también asesinado. Sampedro leyó una carta de Rocafort, escrita poco antes de morir, en la que relató los contactos que mantuvo con la familia de quien asesinó a su padre.

Raymond Villalva, residente en Francia por su condición de hijo de exiliados y cuyos padres se conocieron en el campo de concentración de Gurss, alertó acerca del crecimiento del fascismo, como se ha visto en las últimas elecciones francesas. Valoró la presencia de gente joven a la que recordó que el canto de los Quilapayun de los años setenta "el pueblo unido jamas será vencido" sigue de plena actualidad y que "la democracia y la libertad son muy frágiles y hay que defenderlas siempre".

El Post-it

En la Vuelta del Castillo. El acto de ayer para recordar y homenajear a los represaliados por el franquismo tuvo lugar en el mismo espacio donde durante la guerra se fusilaba a personas por pensar distinto que los golpistas de Franco. Se rindió homenaje a ellos y a los valores de la II República, cuya instauración cumple mañana 83 años. En Navarra hubo 3.452 asesinados y se estima que los cuerpos de unos mil continúan desaparecidos. Desde la asociación de familiares se trabaja por recuperarlos.

 


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Diez años agujereando el olvido, el silencio, la niebla con la que la dictadura quiso cubrir sus terribles crímenes, los más atroces que pueden cometer algunos seres humanos.

Diez años reapareciendo, recuperando, desolvidando. ayudando a regresar a los desaparecidos, a las desaparecidas, a los que fueron secuestrados, asesinados y abandonados.

Diez años de esfuerzos de mucha gente, de muchos lugares, de testigos que comparten su memoria para señalar cunetas, parajes, espacios en los que las fosas esconden su secreto.

Diez años para aprender, para saber, para conocer la dimensión criminal del franquismo, para entender por qué tuvieron que callar, por qué portaron hasta el presente, en silencio, la memoria que los hacía testigos de delitos atroces, que los amenazaba.