Memoria Histórica

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EL ESTADO GASTARÁ 280.000 EUROS EN ARREGLAR EL VALLE DE LOS CAÍDOS

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El ministerio de Presidencia anuncia en el BOE la licitación de la restauración de la portada de la Basílica de la Santa Cruz, donde fue enterrado Franco.

Público.es / 20-05-2013

El pasado 17 de mayo, el Boletín Oficial del Estado, publicaba el anuncio de licitación por el que el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, organismo público encargado de la gestión de los bienes propiedad del Estado y dependiente del ministerio de Presidencia, sacaba a concurso las obras de restauración de la portada de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

En total, Patrimonio Nacional destinará un máximo de 286.845,35 euros a una obras que se extenderán cuatro meses en el monumento conmemorativo por excelencia del franquismo, en el que reposan, junto a los de José Antonio Primo de Rivera y 33.000 combatientes de la Guerra Civil, los restos mortales del dictador Francisco Franco, quien lo mandó construir en 1940 para "conmemorar nuestra gloriosa Cruzada".

La licitación es otra muestra de que el gobierno de Rajoy, no solo no hace nada para eliminar los vestigios de un régimen dictatorial -como reconoció hace pocas semanas-, sino que invierte en su conservación, como puso de manifiesto el homenaje a la División Azul, el pasado jueves, en el que estuvo presente la delegada del Gobierno en Catalunya, Llanos de Luna.

 

DARÍO RIVAS: "USTEDES ESTÁN VIVIENDO LO QUE IMPUSO FRANCO"

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El autor de la querella en Argentina que inició la causa contra los crímenes del Franquismo llega a España para participar en el I Encuentro estatal de apoyo al proceso. “Lo hago todo por mi padre. No me importa la política”, asegura.

Público.es / ALEJANDRO TORRÚS / 19-05-2013

Darío Rivas.- CARLOS SERRANO

A sus 93 años acaba de terminar un viaje de más de 13 horas de duración. Pero nadie lo diría. Darío Rivas parece inmortal. Como si en algún momento, lejano en el tiempo, hubiera firmado un pacto con el diablo para no envejecer ni un día más. Hace ya tres años, el 14 de abril de 2010, Darío Rivas se presentó en los juzgados de Buenos Aires para presentar una querella contra los crímenes del franquismo. Su padre, Severino Rivas, alcalde del ayuntamiento Castro de Rei (Lugo), fue fusilado "por traición a la patria" el 29 de octubre de 1936. Llevaba tres meses como alcalde. Ahora, Rivas ha vuelto a cruzar el Atlántico para insuflar moral al resto de querellantes contra los crímenes del franquismo en el I encuentro estatal de apoyo a la querella argentina celebrado este sábado en Madrid.

"Fíjate si Franco lo dejó todo bien atado que España aún no ha juzgado a ningún criminal de la dictadura, ni se han buscado a los desaparecidos que hay en las cunetas y se ha hecho un esfuerzo real para que tanto niño robado conozca su verdadera identidad", denuncia Rivas en la entrevista concedida a Público.

Darío Rivas se marchó a Argentina con 9 años. Era el año 1929. Su madre había muerto cuatro años antes y su padre decidió enviarlo a Buenos Aires, donde ya estaban varios de sus hermanos nueva hermanos para poder estudiar. Entonces su padre era un labrador que, además, hacia durmientes para el ferrocarril. Después llegó la República y su padre fue elegido alcalde en las elecciones de febrero del 36. "Ojalá nunca hubiera entrado en política. Llevaba apenas unos meses en el cargo. Se lo pidió el gobernador de Lugo y el aceptó aunque jamás fue político por vocación. Él quería ayudar a la gente", señala. Ese mismo verano fue detenido y en octubre, fusilado.

"Lo hago todo por mi padre. Creo que si mi 'viejo' viera todo esto diría que no tiene un mal hijo"

Meses después, cuando Rivas tenía 16 o 17 años recibió por carta la peor noticia posible. Los falangistas habían matado a su padre. En aquel momento Darío comenzó una lucha que continuará hasta que se muera."Los responsables de la masacre, la represión y la dictadura deben ser condenados. Sé que hay muchos muertos, pero también hay muchos vivos como el suegro de Gallardón [José Utrera Molina] que firmaba sentencia de muerte a garrote vil", dice Darío Rivas, que asume que España jamás entregará a los responsables a Argentina. "Aquí se niega la justicia, pero si Argentina condena esta gente no podrá salir de España porque será detenida por la policía internacional", asevera.

La primera gran recompensa de su infatigable lucha llegó en el año 2004. Y lo hizo por casualidad. "Casi fue un milagro", asegura. Darío había venido a España para acudir a la inauguración de una calle con el nombre de su padre en su localidad natal, Castro de Rei. Un día antes, decidió acudir a la ciudad vecina de Porto Marín, donde, en teoría, estaban los restos de su padre en un cementerio anegado por un embalse. Allí, la dueña de una tienda de ultramarinos le contó que a escasos kilómetros había dos hombres enterrados en una cuneta. "Uno de ellos es muy importante. Me acuerdo de oírlo cuando era niña", le dijo.

Darío buscó los cadáveres. Uno de ellos llevaba un gabán. "El mismo que mi hermana le había enviado desde Argentina", relata. Un año después, en el verano de 2005, Severino Rivas se convirtió en el primer fusilado exhumado en Galicia y Darío lo enterró junto a su madre en el panteón familiar de Loentia (Lugo). "Severino Rivas Barja que fue alcalde de Castro de Rei, nacido el 13 de septiembre de 1875. Lo asesinaron en Portomarín los falangistas el día 29 de octubre de 1936. Volvió a casa para descansar en paz el día 19 de agosto de 2005. Papá, descansa en paz, te lo pide tu hijo mimado", reza la lapida.

 

LA JUEZA ARGENTINA CALCULA QUE HABRÁ IMPUTACIONES POR LOS CRÍMENES FRANQUISTAS EN UN AÑO

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La jueza María Servini anima a querellantes y testigos a viajar a Buenos Aires a declarar en su despacho y tranquiliza a las víctimas: “La justicia, tarde o temprano, llega”.

Público.es / RAFAEL GUERRERO / 18-05-2013

La jueza argentina María Servini, que investiga el genocidio y los crímenes de lesa humanidad del franquismo, se muestra optimista por el devenir de la instrucción y confía en que dentro de un año pueda confirmarse la imputación contra los nueve acusados actuales (tres exministros, dos jueces y cuatro policías), según ha declarado en la única entrevista que ha concedido desde que asumió la causa en abril de 2010. Entre los nueve posibles imputados estaría José Utrera Molina, exministro de Franco y suegro del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, el exministro de la UCD Rodolfo Martín Villa, y José González Pacheco, el expolicía acusado de torturas apodado Billy el Niño’.

María Servini es una jueza veterana -76 años- titular desde 1990 del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires que ha decidido romper su silencio públicamente con una entrevista concedida al programa especializado La Memoria de la emisora pública Radio Andalucía Información. Sus inéditas declaraciones se producen una semana después de haber visto frustrado su intento de tomar declaración por videoconferencia a 12 personas que tenía citadas durante varios días en el Consulado argentino en Madrid. “Me pareció muy desagradable que, en el último momento, cuando todo estaba preparado y veíamos a los declarantes en la pantalla dispuestos a hablar desde el Consulado, esto se cortara, porque era como cortar la ilusión a la gente y cortarla a nosotros para seguir investigando”.

La jueza admite que recibió el pasado miércoles una llamada del embajador argentino en Madrid que le trasladó la presión diplomática desde el Gobierno español para que se suspendiera la toma de declaración. “No me sentí presionada, sino defraudada. No quise ser artífice de que de esa situación derivara en serias consecuencias para mí país y suspendí la declaración. De todas formas –añade Servini-, ya se están corrigiendo todos esos supuestos errores, aunque para mí no hay errores, y espero que nos autoricen a tomar declaración por videoconferencia a algunas de esas personas que están desesperadas por declarar y que carecen de medios para pagarse un viaje a Argentina”.

No es la primera vez que Servini encuentra serios obstáculos en su instrucción desde el Gobierno español. Incluso con Zapatero en el poder, el fiscal general del Estado frenó su intención de venir a España: “Nos pusieron una serie de inconveniencias que hicieron imposible nuestra ida a España. Creíamos que era más fácil hacer las videoconferencias, pero ya es la segunda vez que me las paran”, se lamenta la jueza.

"Los gobiernos españoles no quieren que se investigue"

Preguntada por la causa de esta reiterada resistencia oficial española a facilitar su instrucción, gobierne quien gobierne, no titubea: “No quieren que se investigue”. La jueza añade: “No soy yo la que quiere investigar, es la Cámara Federal, nuestro Tribunal Superior, la que ha ordenado esta investigación en 2010 y estamos en 2013”.

Pese al retraso y a la progresiva acumulación de querellantes -ya van 150-, María Servini se muestra confiada: “Antes de fin de año se puede terminar con la toma de declaraciones”. La cuestión es cómo, cuándo y dónde poder desarrollar tanto trabajo pendiente, si hasta ahora sólo han hablado ante la magistrada 5 de las 91 personas previstas.

 

VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO SUMAN FUERZAS CONTRA LA IMPUNIDAD ANTE LA JUSTICIA ARGENTINA

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Con el firme compromiso de mantener la unidad de acción y de reforzar, ampliar y canalizar las exigencias de justicia, verdad y reparación, se celebró ayer sábado en Madrid el primer encuentro de querellantes contra el franquismo. Participaron más de 120 personas a título individual y en representación de varias asociaciones. Coincidió el encuentro (en el Instituto Lope de Vega, a doscientos metros del Ministerio de Justicia) con la noticia de que el sanguinario dictador argentino Jorge Rafael Videla murió en la cárcel de Marcos Paz para presos comunes, donde cumplía cadena perpetua; nada que ver con el dictador español, que falleció en la cama con “todo atado y bien atado”.

cuartopoder / LUIS DÍEZ / 19-05-2013

Darío Rivas (izda) y los abogados Ana Messuti y Carlos Slepoy (en silla de ruedas), ayer, durante el primer encuentro de querellantes contra el franquismo, celebrado en Madrid. / Luis Díez

 Fue como si Darío Rivas hubiese traído de Buenos Aires la buena nueva de que todavía la justicia es posible en este mundo. Con 93 años, Darío realizó el largo viaje para acompañar a los querellantes españoles contra los crímenes del franquismo. Él fue el primero en acudir a la Justicia en Argentina, donde reside, para denunciar la criminalidad y la represión sistemática de la dictadura española. Viendo el maltrato al magistrado Baltasar Garzón, eligió el 79º aniversario de la proclamación en las urnas de la II República para presentar la querella.

El padre de Darío, Severino Rivas, era un socialista que fue elegido alcalde de Castro del Rei, en Lugo. Los militares golpistas y sus secuaces nazifascistas lo asesinaron en 1936, como hicieron con cientos de alcaldes, concejales y diputados desde primera hora en todas las zonas donde triunfó la sublevación. Sus restos fueron exhumados en 2005 con la ayuda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que se personó con él en la causa ante los tribunales de Argentina.

Además de la asociación española de familiares de víctimas del franquismo, ese 14 de abril de 2010, Darío estuvo acompañado por varios colectivos de defensa de los derechos humanos, singularmente, por las madres y abuelas de la Plaza de Mayo y por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Desde entonces, la “querella madre”, como la denominan los letrados Ana Messuti y Carlos Slepoy, no ha parado de crecer y hoy se cuentan más de 150 querellantes y asociaciones en demanda de justicia universal contra aquellos crímenes impunes de lesa humanidad.

Con las carpetas de documentación en la mano, Messuti explica a los reunidos que además de la acción en nombre de los familiares, la causa está abierta en un segundo nivel a documentalistas e historiadores y en un tercer nivel a la adhesión de los ciudadanos que sufrieron el clima generalizado de represión de las libertades y la vulneración sistemática de los derechos humanos. Decenas de miles de firmas refuerzan la acción judicial por esta vía. La coordinación estatal de la red de Apoyo a la Querella Argentina (AQUA) y otras plataformas, incluidos los familiares de niños robados durante el franquismo y la transición, fue un objetivo principal del encuentro.

El letrado Slepoy consideró “llamativo” que España, que fue pionera en la aplicación de la jurisdicción universal para perseguir a los genocidas del Cono Sur y de otros países de América Latina, niegue el amparo judicial a sus víctimas. “Es llamativo, pero no es sorprendente, porque casi todos los Estados hacen lo mismo”, añadió antes de reconocer que “gracias a la acción de la justicia española (del magistrado Garzón en este caso) se destrabó el proceso contra los crímenes de la dictadura argentina y Videla ha muerto en la cárcel”.

Tanto Slepoy como Messuti contaron los altibajos de la causa contra los crímenes del franquismo que instruye la jueza María Servini, a quien las autoridades españolas están poniendo todo tipo de trabas. Si el primer obstáculo fue la negación de la documentación que solicitó el fiscal argentino a España y el consiguiente archivo, que dio lugar a una apelación y a la resolución de la Cámara judicial argentina ordenando la continuidad del proceso, y el siguiente fueron los obstáculos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la comisión rogatoria para que la jueza se desplazara a España a hacer su trabajo, el último palo en la rueda ha sido la queja del Ejecutivo español por vía diplomática para impedir que pudiera tomar declaración a 12 querellantes por videoconferencia desde los consulados de Argentina en España.

Para impedir las declaraciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores, del que es titular José Manuel García Margallo, emitió una queja verbal al embajador argentino, quien, a su vez, pidió directamente a la magistrada que suspendiera las declaraciones que iban a comenzar el 8 de mayo. La jueza aplazó el acto. Según los juristas, el Gobierno español invocó un convenio de reciprocidad de cumplimiento de penas que nada tiene que ver con el caso. Según el abogado Slepoy, a la magistrada “le faltó un punto de pundonor”.

Sin embargo, los letrados confían en que Servini supere los obstáculos y, según sus informaciones, recabe testimonios en un plazo de dos o tres semanas. La propia jueza, en declaraciones a la emisora Andalucía Información, dijo el viernes que “los gobiernos españoles no quieren que se investigue”. Y añadió: “No soy yo la que quiere investigar, es la Cámara Federal, nuestro Tribunal Superior, la que ha ordenado esta investigación en 2010 y estamos en 2013”.

 

FALLECE EN SU CELDA EL EXDICTADOR ARGENTINO JORGE VIDELA

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Ha muerto a los 87 años mientras cumplía una cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.

Fue el cerebro de la dictadura argentina entre 1976 y 1981, periodo en el que desaparecieron unas 30.000 personas.

Nunca se arrepintió de sus crímenes, entre los que figuran secuestros y robos de bebes sistemáticos.

El Diario.es / 17-05-2013

El exdictador argentino Jorge Videla ha muerto a los 87 años en su celda del penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, donde cumplía una condena a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.

La esposa del militar, Cecilia Pando, ha confirmado la noticia en una radio argentina: "Me enteré por la esposa de un detenido que estaba en el penal con Videla. Anoche no se sentía bien. Lo llevaron al hospital que hay dentro del penal, pero no tenía nada y lo volvieron a llevar a su celda. Esta mañana cuando hicieron el recuento de los detenidos, no estaba y cuando fueron a ver a su celda lo encontraron muerto", ha explicado.

Videla fue el cerebro de la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, período en el que desaparecieron unas 30.000 personas según organismos de derechos humanos. El militar fue el primer gobernante de la dictadura argentina condenado a prisión perpetua, cuando en 2010 la Justicia le declaró culpable del fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976.

El año pasado, un tribunal condenó al exdictador a 50 años de cárcel por el plan sistemático de robo de bebés, hijos de perseguidos o desaparecidos, durante la dictadura. Videla, que reconoció crímenes, desapariciones y robos de bebés durante su mandato, nunca se arrepintió de los hechos. Este miércoles, durante el juicio por el Plan Cóndor, el exdictador tomó la palabra para calificarse a sí mismo como "preso político" y defendió lo que consideró una "lucha antisubversiva que tuvo lugar durante la guerra interna".

Cerebro de la dictadura militar argentina

Nacido en la ciudad de Mercedes, en Buenos Aires, el 2 de agosto de 1925, Jorge Rafael Videla Redondo era descendiente de una familia de San Luis con una larga tradición política y militar. Su padre era coronel y su abuelo gobernador de San Luis entre 1891 y 1893. Dos de los siete hijos que tuvo con su primera mujer, Alicia Raquel Hartridge, iniciaron también carreras militares.

A los 17 años, Videla ingresó en el Colegio Militar de la Nación y no tardó en avanzar en la escala del Ejército. En 1973 fue nombrado Jefe del Estado Mayor del Ejército y el 27 de agosto de 1975, la presidenta María Estela Martínez de Perón lo nombró Comandante en Jefe.

Menos de un año después, el 24 de marzo de 1976, Videla encabezó junto a los militares Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti el golpe de Estado que derrocó a la misma persona que lo había nombrado Comandante en Jefe, la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. Una de sus primeras decisiones fue cerrar el Congreso y dar paso a la dictadura que se denominó oficialmente "Proceso de Reorganización Nacional". 

Videla gobernó entre 1976 y 1981, el período de cinco años pautado por la Junta Militar y el más extenso en el que un miembro del Ejército se mantuvo como presidente de facto en Argentina.

Nunca se ha arrepentido de sus crímenes

Videla pasará a la historia como uno de los principales impulsores de las peores represiones de las dictaduras americanas. El robo de niños se convirtió en una práctica habitual contra la oposición, una cuestión aún viva en Argentina, ya que muchos hijos siguen descubriendo que los que creían que eran sus padres son en realidad personas afines al régimen militar.

 


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