Memoria Histórica

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Memoria Histórica

LA MUJER REPUBLICANA QUE SOBREVIVIÓ A DOS FUSILAMIENTOS

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Juana Aguilar Pazos, alias "'la Moricha', fue la única mujer que falangistas y Guardia Civil de Trebujena (Cádiz) intentaron fusilar tras el golpe del 36. En este pueblo fueron asesinados 105 republicanos entre agosto y noviembre del mismo año. Con ella lo intentaron hasta en dos ocasiones. Las dos veces, fracasaron.

Público.es / ALEJANDRO TORRÚS / 28-09-2014

Juana Aguilar junto a su nieta en un documento oficial del régimen franquista.

Juana Aguilar Pazos, alias la Moricha, tenía 62 años en julio de 1936, cuando se produce el golpe de Estado militar fascista. Era una anciana pobre que no sabía ni leer ni escribir. Quien la conoció asegura de ella que era una "mujer de pequeña estatura", vestida con las" ropas humildes de su clase" y condición social y "muy devota de la patrona de Trebujena", la virgen de Palomares. Juana residía junto a su marido, uno de sus tres hijos y dos nietas en una de las chabolas del extrarradio de la pequeña localidad de Trebujena (Cádiz), a pocos kilómetros de Sanlúcar de Barrameda. Era jornalera y contribuía a la economía familiar rapiñando madera o frutos en los campos de la zona.

Aquel verano de 1936 todos los hombres de su familia, exceptuando su hijo Antonio (de 17 años) fueron fusilados por los fascistas. A ella también intentaron matarla. Hasta en dos ocasiones. De hecho, fue la única mujer del pueblo que fue perseguida por falangistas y guardias civiles. Sin embargo, los fascistas no consiguieron su propósito. La Moricha sobrevivió al primer fusilamiento, a un segundo intento de ejecución, al asesinato de su marido y al de dos de sus hijos. Así que, para fastidio de algunos, Juana murió a los 86 años, en 1960.

"La salvación de Juana implicaba un mal ejemplo, amén de tirar por tierra la terrorífica infalibilidad de los uniformados de azul. Una vieja sin más armamento que su ajada piel había conseguido vencerlos. La Moricha, sin pretenderlo, se convertiría en un símbolo, en la única victoria de un pueblo aterrorizado e indefenso ante la prepotencia y la arrogancia de la cruel impunidad de unos pocos", escribe el investigador local Luis Caro, autor de la obra Trebujena 1936: Historias de la represión, editado por el Ayuntamiento de la localidad, y texto sobre el cual está basado este reportaje.

Pero, ¿cómo una mujer indefensa consigue sobrevivir a dos fusilamientos? ¿Por qué la Guardia Civil y la Falange local se empeñan en asesinar a una vieja que nada posee? El investigador y profesor de Secundaria Luis Caro ha recopilado decenas de testimonios orales que dan respuestas a estos interrogantes y que constituyen la historia de Juana, la Moricha y la memoria de Trebujena, porque el pasado está para recordarlo y tenerlo siempre presente. Esta es la historia de Juana. Esta es una historia más de los miles de ciudadanos españoles que fueron asesinados por el fascismo durante la Guerra Civil en poblaciones donde no había guerra.  Tan sólo represión.

Todo comenzó por un conejo

Cuentan los testimonios de la época que los problemas de la Moricha con la Guardia Civil comenzaron por culpa de un conejo. Juana Aguilar volvía a casa con un gazapo entre los brazos que intentaba vender a cualquier vecino para sacar un par de pesetas. Por el camino, un cabo de la Guardia Civil conocido como el Isidoro paró a la mujer y le pidió el animal con la excusa de que había sido robado. Juana se negó y pidió dos pesetas al guardia civil.

Guardia civil: "Dos pesetas no vale ni el conejo de mi mujer"

"Dos pesetas no vale ni el conejo de mi mujer", replicó el cabo. A lo que la Moricha contestó: "El conejo de tu mujer no vale dos pesetas, pero este si lo vale". El comentario cabreó al cabo. Días después se produciría la sublevación militar fascista y el cabo de la Guardia Civil no olvidó aquella discusión. Tenía un objetivo entre ceja y ceja: tenía que matar a Juana. Así que, cuando "ya habían sido ejecutados aquellos hombres más significativos política y sindicalmente -escribe Caro- alguien de los pletóricos dueños del pueblo tuvo la feliz idea de hacer una limpia, pero ahora entre el estrato más humilde, aquellos cuya situación económica era la más precaria, porque aunque no eran peligrosos políticamente sí eran incómodos a ciertas mentes desde el punto de vista social".

Juana fue acusada de comunista y encerrada en la cárcel. Tras cinco días de prisión donde había sido torturada, fue llevada a la plaza del pueblo junto a otros 20 presos. Todos tenían la "cabeza rapada en cruz" y a todos les iban dando aceite de ricino y los mandaban a casa tras haberlos paseado y exhibido por las calles de la ciudad. Los falangistas los citaron a todos a las siete en la plaza del Ayuntamiento. Muchos no sabían qué les podría pasar, aunque Juana lo intuía y se quedó en casa, metida en la cama fingiendo estar enferma.

"Los que no volvieron fueron nuevamente detenidos en sus casas y todos juntos conducidos al paredón", escribe el investigador local Luis Caro. El caso de Juana no fue diferente. Un grupo de falangistas "borrachos" y, al menos un guardia civil, se presentaron en su casa alrededor de las 22.30 horas de la noche. Abrió la puerta su marido, también de 62 años, que se negó a dejar pasar a los verdugos de su mujer.

El primer intento de fusilamiento

"Mi madre me contó que mi bisabuelo era muy bueno. Llegó un sábado de trabajar en el campo de Jerez y ya habían dado una paliza y pelado a su mujer y la mandaron a su casa. La Moricha se metió en la cama y cuando llegaron los falangistas le dijeron que venían a matarla a ella. "¡Vete ahora si quieres vivir!", le dijeron. "Donde muere mi mujer muero yo", les contestó mi bisabuelo, y se tiró encima de la mujer", relata Francisca Cordero, bisnieta de Juana.

El cuerpo de su marido la protegió de las balas

Acto seguido los verdugos abrieron fuego y descargaron su pólvora sobre el cuerpo de Francisco Cordero, el marido de Juana, y sobre la mandíbula de la mujer. Los fusileros dieron por muertos al matrimonio y cargaron sus cuerpos sobre una carretilla para transportarlos a la fosa común abierta en el cementerio. Pero Juana no había muerto. El cuerpo de su marido la había protegido de las balas y aquel proyectil que le había entrado por la mandíbula le había salido por el otro lado sin provocarle una herida mortal.

 

CALPARSORO RECLAMA QUE LOS FISCALES ESTÉN EN LA APERTURA DE FOSAS DEL FRANQUISMO

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La memoria de la Fiscalía del País Vasco eleva una petición al fiscal general del Estado para que representantes del ministerio público participen en las exhumaciones de víctimas de la dictadura franquista.

Juan Calparsoro recuerda en su informe que España es firmante de la Convención Internacional para la protección de todas las personas y contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas.

eldiario.es / AITOR GUENAGA / 22-09-2014

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, en su despacho del TSJPV.

Juan Calparsoro, fiscal superior del País Vasco sigue poniendo deberes a su jefe, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Tras la petición de una Fiscalía Anticorrupción para Euskadi, apoyada por el Consejo Fiscal en su reunión de la semana pasada, Calparsoro ha elevado otra reclamación al fiscal general: que los representantes del ministerio público estén presentes en las exhumaciones de las fosas comunes de represaliados o desaparecidos de la dictadura franquista.

La petición viene recogida en un informe de 15 páginas incluido en la Memoria de la Fiscalía del País Vasco de 2013, que en principio el propio fiscal superior tiene previsto presentar públicamente en los próximos días, previsiblemente este miércoles.

"Creemos conveniente que se aborde una directriz o instrucción sobre intervención y presencia del Ministerio Fiscal en las excavaciones y exhumaciones de presunta fosa común o de algún lugar donde presuntamente podrían estar enterradas personas desaparecidas", se reclama en el documento incluido en la memoria de la fiscalía referente al pasado año.

En el informe se recuerda que España es parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas hecha en Nueva York el de 20 diciembre de 2006. El Instrumento de Ratificación por España se publicó en el Boletín Oficial del Estado con fecha 18 de febrero de 2011. Calparsoro basa su defensa de la intervención de los fiscales en las exhumaciones precisamente en las obligaciones que tienen los Estados que han firmado.

 

El artículo 2 de la Convención define la desaparición forzada como "el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley".

Dificultades

La petición del fiscal superior surgió de una recomendación que le hicieron los miembros del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para las desapariciones forzadas o involuntarias en una visita que giraron a España en otoño del pasado año. Los miembros del citado comité de la ONU mantuvieron encuentros también con el propio Fiscal General, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, y con el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, entre otros. "Ellos recomendaban que en estos casos estuvieran presentes los fiscales de guardia, y de ahí surge mi petición al fiscal general", explica Calparsoro.

El fiscal superior no oculta las dificultades para que, en este caso, la Fiscalía General del Estado haga suya esta reclamación. Calparsoro, conocedor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las investigaciones de los delitos cometidos durante la dictadura, sabe que ese tipo de delitos están prescritos, que sus autores son desconocidos y además está la Ley de Amnistía que impide investigar este tipo de hechos si se han producido antes de 1977. Pero la misma sentencia del Alto Tribunal que marca la citada jurisprudencia abre la vía a algún tipo de diligencias judiciales en el momento en el que se encuentra una posible víctima del franquismo en una fosa.

"Desde el primer minuto"

"Se puede investigar la causa de la muerte, efectuar una autopsia por parte de un forense, incluso intentar identificar a la víctima. Lo lógico es que los fiscales estemos desde el primer minuto presentes en las exhumaciones", apunta Calparsoro a el diarionorte.es.

La petición del fiscal superior surgió de una recomendación que le hicieron los miembros del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para las desapariciones forzadas o involuntarias en una visita que giraron a España en otoño del pasado año. Los miembros del citado comité de la ONU mantuvieron encuentros también con el propio Fiscal General, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, y con el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, entre otros. "Ellos recomendaban que en estos casos estuvieran presentes los fiscales de guardia y de ahí surge mi petición al fiscal general", explica.

La petición de Calparsoro casa bien con lo defendido por Pablo Greiff, relator especial de la ONU, en su informe sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. El modelo vigente de " privatización" de las exhumaciones, que delega esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las insituciones estatales...", apunta Greiff. Además, censura con dureza las " interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía" que "no sólo niegan el acceso a la justicia sono que también impiden cualquier tipo de investigación".

 

UNA INVESTIGACIÓN RESCATA DEL OLVIDO LA HUMILLACIÓN SUFRIDA POR LAS MUJERES

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“No habrá memoria histórica si no hacemos una verdadera investigación de la represión sufrida por las mujeres desde su condición de género. La historia no solo la marcan los fusilamientos y la cárcel” Las catedráticas Cándida Martínez y Lola Ramos ha realizado una investigación única sobre la represión específica sufrida por las mujeres en Andalucía durante la guerra y el franquismo. Su trabajo es uno de los capítulos del libro que va a editar próximamente la Fundación Alfonso Perales ‘La Memoria de Todos’ y ha sido escrito con un visión de género que expone con crudeza el tipo específico de violencia física y psicológica sufrida por las mujeres.

andaluces.es / MARÍA SERRANO / 16-09-2014

Mujeres rapadas durante la Guerra Civil.

La invisibilidad del sufrimiento de las mujeres impregna incluso los propios estudios sobre la memoria histórica. Si se toman, por ejemplo, como referencia los datos difundidos sobre el número de mujeres fusiladas en Andalucía, la horquilla resulta demasiado amplia: entre un 2 y 5%, que incluiría a las torturadas o encarceladas durante la Guerra Civil en la comunidad. Cándida Martínez, catedrática de  Historia Antigua de la Universidad de Granada, apunta que “aún habría que depurar muchos los datos porque no hay muchas investigaciones hechas como para conocer perfectamente todos los detalles”.

La publicación de este estudio destapa una violencia específica, para muchos desconocida, que permitía al régimen de Franco y a sus artífices “degradar su dignidad como mujeres” con graves ejemplos de violencia. Muchos de estos métodos tenían como objetivo “purificarlas”, atacar su feminidad y utilizar su cuerpo para deshonrar y castigar al enemigo varón. Entre las acciones más habituales: violaciones, tocamientos, purgantes, los paseos con pelo rapado, colocación de moños rojos con la cabeza rapada al cero, abusos sexuales, etc…  “La intención de esta represión era muy distinta a la de los hombres, las humilla y las degrada de mayor manera. Y eso es una tortura específica que forma parte de esa memoria que no se recoge”

Las mujeres de aquella etapa que venían del “bando rojo” eran calificadas en los múltiples informes de “mujeres caídas o desafectas al régimen”. Podían ser esposas de fusilados, haber sido activistas políticas o estar señaladas por tener algún miembro de la familia en la cárcel. Eran juzgadas como peligrosas activistas y en algunas ocasiones fueron juzgadas por la militancia de sus familiares. Llevaban el peso del control social que ejercía el régimen sobre su género, unido a una responsabilidad “transferida” por los familiares que tenían huidos. Solo por este motivo podían recluirlas largos años en la cárcel, en graves condiciones de higiene y salud.

Informes psiquiátricos de médicos militares, como el de Vallejo Nájera, que luego tenían muchas veces su culminación en sentencias de los tribunales militares de la época, certificaban que las activistas republicanas “eran mujeres sin freno, mujeres fieras, y por ello había que controlarlas para impedir un comportamiento inadecuado e impropio de mujeres de bien”, apunta Cándida.

“NATURAL SIMPLEZA DE LAS MUJERES”

Otra de las distinciones significativas en cuanto a género que hacía el régimen se reflejaba en los distintos tipos de sentencias. En algunos fallos judiciales, el régimen se inclinaba por un “cierto paternalismo”, tratando la actitud reivindicativa como “natural simpleza de las mujeres”,  ya que no las llegaba a considerar ni siquiera ciudadanas o seres humanos completos. Martínez explica que en estos casos “se trataba de una mujer a la que se le perdonaba las acciones cometidas”. Sin embargo, en otras muchas ocasiones se concedió a muchas mujeres “un tratamiento penal severo”, con duras penas de cárcel y reclusión, tal y como señala el estudio. Además, su condición de mujeres políticas era tratada con mayor dureza por parte del régimen ya que este tipo de actividades no entraban “dentro de las funciones naturales femeninas”, establecidas por la Sección Femenina.

Martínez señala  que “por esa única condición de mujeres, su trato en la cárcel podía llegar a ser mucho más severo”. En medio de condiciones infrahumanas, el estudio destaca un aspecto clave para conocer la memoria de aquellas mujeres y sus vivencias: las redes de solidaridad que ellas creaban en esas cárceles. “Es muy bonito conocer de cerca ese aspecto que revela cómo se fueron forjando los mecanismos de supervivencia dentro y fuera de la prisión”, concluye Martínez.

 

LA ARMH HA EXHUMADO EN 14 AÑOS LOS CUERPOS DE 80 BERCIANOS REPRESALIADOS

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La asociación ha documentado más de 1.100 muertes violentas durante la dictadura.

Diario de León / C. FIDALGO / 19-09-2014

El centro, el arqueólogo René Pacheco con los restos del Gasta, el pasado junio. - c. f. c.

Catorce años de actividad han servido a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) para recuperar los cuerpos de 80 desaparecidos en el Bierzo durante la represión franquista en medio centenar de exhumaciones. Es el balance que la asociación,—nacida en la comarca con la apertura de la fosa de los llamados Trece de Priaranza en octubre del año 2000 y extendida en poco tiempo a toda la geografía nacional— está haciendo estos días y que mañana trasladará a la población en el transcurso de una conferencia sobre la Memoria Histórico convocada en Cubillos del Sil.

En estos 14 años, la ARMH, que sigue presidida por Emilio Silva, nieto de uno de los trece paseados en Priaranza, ha visto cómo el Gobierno aprobaba una Ley de Memoria Histórica y cómo desaparecían las ayudas públicas para financiar unas exhumaciones que siempre ha llevado a cabo voluntarios, en algunos casos procedentes del extranjero, y casi nunca con el debido amparo judicial.

Y los 80 exhumados sólo son la punta del iceberg. Lo recordaba ayer el vicepresidente de la ARMH, Marco González, que recuerda que la asociación «tiene documentadas más de 1.100 muertes violentas durante la dictadura franquista en la comarca berciana» y a pesar de la «asfixia económica» que sufre el colectivo, «seguimos trabajando en la investigación de varias fosas en diferentes localidades».

La ARMH, que este verano ha encontrado el apoyo del sindicato noruego de electricistas Elogit para financiar con 6.000 euros las exhumaciones previstas en Murias de Rao (Lugo), Canseco (León), Alcalá del Valle (Cádiz) y Chaherrero (Ávila), reconoce que en el caso del Bierzo, tiene una asignatura pendiente en la ladera del Montearenas que desciende hasta Calamocos, un lugar próximo a Ponferrada donde tiene constancia documental, porque así figura en el Registro Civil, de la muerte de al menos 25 personas entre 1936 y 1939.

Dar con ellas es una tarea muy complicada, a pesar de los testimonios recogidos por la asociación en estos años. «Nadie nos ha sabido llevar a un sitio exacto», admitía ayer González. Ya durante la plantación del pinar que hoy ocupa en el Montearenas en los años 40 del pasado siglo se hallaron algunos restos humanos, y González recuerda que la construcción de carreteras como la N-VI y la Autovía del Noroeste, o de polígonos industriales como el de La Llanada pueden ser obstáculos insalvables a la hora de buscar nuevas fosas.

Al margen de ayudas privadas y donaciones, la ARMH se aferra estos días a la petición de la ONU para que el Gobierno español asuma la búsqueda de los más de 114.000 desaparecidos que calcula que hay en España.

LA PISTA ARGENTINA DEL GASTA

Los forenses que investigan la represión en Argentina y Chile remitirán en octubre las pruebas de ADN del guerrillero berciano.

Es el mismo equipo de antropólogos forenses que desde 1986 investiga las desapariciones en Argentina, en Chile y en Guatemala. Y a comienzos de octubre tendrá listas las pruebas de ADN para identificar los restos del guerrillero berciano Bernardo Álvarez Trabajo, alias El Gasta, abatido a traición por un infiltrado en los montes de Lugo el 22 de junio de 1949 y exhumado hace dos años por la ARMH. Los forenses argentinos están contrastando desde agosto el material genético del Gasta con las muestras aportadas por su hijo Santiago y por su hermana Isabel «para lograr una fiabilidad del cien por cien en la identificación», según explicaba ayer el vicepresidente de la ARMH, Marco Antonio González.

 

UNA EXPOSICIÓN RECUPERA LA MEMORIA DEL PENAL DEL FUERTE DE SAN CRISTÓBAL

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La muestra recoge la memoria de reclusos, supervivientes y de quienes fueron enterrados allí.

El País / EFE / 15-09-2014

Presentación de la exposición "Lur azpitik-lur azaleratuz, que aflore lo enterrado", en la que participa el forense Paco Etxeberria, en la imagen junto a Ana Arrieta y Koldo Pla. / JAVIER HERNÁNDEZ

El Fuerte de San Cristóbal, en Navarra, fue un penal que alojó a más de 5.000 presos entre 1934 y 1945. Una exposición inaugurada hoy en el campus de Gipuzkoa de la UPV, en San Sebastián, recupera la memoria de esos reclusos, de los supervivientes y de los que fueron enterrados allí, en el llamado cementerio de las botellas.

Lur Azpitik lur-azakeratuz. Que aflore lo enterrado es el lema de esta exposición, que busca dar a conocer un lugar "silenciado", una fortaleza militar, situada en el monte de Ezkaba, ejemplo de la represión franquista, donde murieron en custodia 700 presos republicanos y que acabo convirtiéndose en hospital penitenciario.

Fallecían a causa del hambre, el frío y las enfermedades, cuando no de las palizas y las "sacas", y fueron tantos que se los comenzó a enterrar en la ladera del monte, en ataúdes de pino con una botella de cristal entre las piernas -de agua, jarabes, medicamentos, champán, gaseosa o alcoholes- para cumplir un mandato de Franco el 22 de enero de 1937.

Esa orden daba instrucciones sobre el enterramiento de soldados, a los cuales se les debía identificar con una medalla o con una botella colocada entre las piernas que contuviera en su interior documentación sobre el finado.

Las exhumaciones que se han llevado a cabo desde 2007 por la sociedad de Ciencias Aranzadi y la asociación Txinparta, solicitadas por las familias de las víctimas, han permitido constatar que ese cementerio es el ejemplo "más notorio" del uso de las botellas para guardar los documentos identificativos de los fallecidos.

Ambas entidades, junto a la UPV, donde se han realizado los análisis antropológicos y genéticos, son las organizadores de esta exposición, con la que se complementa la publicación "El Fuerte de San Cristóbal en la memoria: de prisión a sanatorio penitenciario. El cementerio de las botellas", dirigida por el antropólogo forense de Aranzadi Francisco Etxeberria y Koldo Pla, de Txinparta.

Etxeberria y Pla han participado hoy junto a la vicerrectora del campus de Gipuzkoa, Ana Arrieta, en la inauguración de esta muestra, que tras su paso por Ansoain en mayo, llega ahora a San Sebastián y en diciembre viajará al campus de Álava de la universidad pública vasca. "El olvido es para las víctimas y sus familias una herida abierta y una fuente de dolor que nuestra democracia debe cerrar", ha destacado Arrieta en esta acto, al que han asistido también algunos allegados de estos presos.

Pla ha recordado, por su parte, que en torno al Fuerte de San Cristóbal hubo "un gran periodo de silencio" y que hasta 1988 no se tributó el primer homenaje a los protagonistas de la fuga masiva que se produjo en el penal el 22 de mayo de 1938, del que escaparon 795 personas -sólo 3 cruzaron a Francia, 208 fueron abatidas a tiros y el resto de nuevo capturadas-.

Por esa prisión pasó Agustín Raya Sánchez, ferroviario de Miranda de Ebro y abuelo de Hedy Herrero Hernán, quien hoy el recordaba junto a su abuela Vicenta, a la que considera también una "presa" que siguió a su marido hasta Pamplona, donde hizo todo tipo de trabajos para sacar adelante a sus cinco hijos, de los que tuvo que separase.

También Juan María Pallín, un médico que estuvo allí tres años y que después de la guerra nunca pudo ejercer su profesión y trabajó como representante de líquidos de revelado fotográfico, cuya hija mostraba hoy un recetario farmacológico pulcramente manuscrito que su padre escribió en la cárcel, junto a una crónica de la fuga.

Para el Fuerte de San Cristóbal, construido con fines militares durante las guerras carlistas y declarado Bien de Interés Cultural en 2001, existe ya una propuesta para que sea convertido en "Lugar de Memoria". Lo que allí ocurrió, los testimonios que dejaron algunos presos y los de sus familiares acompañan el recorrido por esta exposición, un ejemplo del "patrimonio negativo" que alimentó la Guerra Civil.

Francisco Etxeberria ha hablado hoy de la importancia de la "dimensión de laboratorio" necesaria para la recuperación de la memoria histórica, pero ha destacado la gran relevancia de la dimensión "simbólica", que es la que "más conmueve", la de gestos que llevan a algunos familiares a acercarse a San Cristóbal sólo para recoger un puñado de la tierra donde enterraron a los suyos. "Por eso decimos que exhumando fosas recuperamos dignidades", ha subrayado.

 


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Diez años agujereando el olvido, el silencio, la niebla con la que la dictadura quiso cubrir sus terribles crímenes, los más atroces que pueden cometer algunos seres humanos.

Diez años reapareciendo, recuperando, desolvidando. ayudando a regresar a los desaparecidos, a las desaparecidas, a los que fueron secuestrados, asesinados y abandonados.

Diez años de esfuerzos de mucha gente, de muchos lugares, de testigos que comparten su memoria para señalar cunetas, parajes, espacios en los que las fosas esconden su secreto.

Diez años para aprender, para saber, para conocer la dimensión criminal del franquismo, para entender por qué tuvieron que callar, por qué portaron hasta el presente, en silencio, la memoria que los hacía testigos de delitos atroces, que los amenazaba.