Memoria Histórica

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Memoria Histórica

UNA EXPOSICIÓN RECUPERA LA MEMORIA DEL PENAL DEL FUERTE DE SAN CRISTÓBAL

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La muestra recoge la memoria de reclusos, supervivientes y de quienes fueron enterrados allí.

El País / EFE / 15-09-2014

Presentación de la exposición "Lur azpitik-lur azaleratuz, que aflore lo enterrado", en la que participa el forense Paco Etxeberria, en la imagen junto a Ana Arrieta y Koldo Pla. / JAVIER HERNÁNDEZ

El Fuerte de San Cristóbal, en Navarra, fue un penal que alojó a más de 5.000 presos entre 1934 y 1945. Una exposición inaugurada hoy en el campus de Gipuzkoa de la UPV, en San Sebastián, recupera la memoria de esos reclusos, de los supervivientes y de los que fueron enterrados allí, en el llamado cementerio de las botellas.

Lur Azpitik lur-azakeratuz. Que aflore lo enterrado es el lema de esta exposición, que busca dar a conocer un lugar "silenciado", una fortaleza militar, situada en el monte de Ezkaba, ejemplo de la represión franquista, donde murieron en custodia 700 presos republicanos y que acabo convirtiéndose en hospital penitenciario.

Fallecían a causa del hambre, el frío y las enfermedades, cuando no de las palizas y las "sacas", y fueron tantos que se los comenzó a enterrar en la ladera del monte, en ataúdes de pino con una botella de cristal entre las piernas -de agua, jarabes, medicamentos, champán, gaseosa o alcoholes- para cumplir un mandato de Franco el 22 de enero de 1937.

Esa orden daba instrucciones sobre el enterramiento de soldados, a los cuales se les debía identificar con una medalla o con una botella colocada entre las piernas que contuviera en su interior documentación sobre el finado.

Las exhumaciones que se han llevado a cabo desde 2007 por la sociedad de Ciencias Aranzadi y la asociación Txinparta, solicitadas por las familias de las víctimas, han permitido constatar que ese cementerio es el ejemplo "más notorio" del uso de las botellas para guardar los documentos identificativos de los fallecidos.

Ambas entidades, junto a la UPV, donde se han realizado los análisis antropológicos y genéticos, son las organizadores de esta exposición, con la que se complementa la publicación "El Fuerte de San Cristóbal en la memoria: de prisión a sanatorio penitenciario. El cementerio de las botellas", dirigida por el antropólogo forense de Aranzadi Francisco Etxeberria y Koldo Pla, de Txinparta.

Etxeberria y Pla han participado hoy junto a la vicerrectora del campus de Gipuzkoa, Ana Arrieta, en la inauguración de esta muestra, que tras su paso por Ansoain en mayo, llega ahora a San Sebastián y en diciembre viajará al campus de Álava de la universidad pública vasca. "El olvido es para las víctimas y sus familias una herida abierta y una fuente de dolor que nuestra democracia debe cerrar", ha destacado Arrieta en esta acto, al que han asistido también algunos allegados de estos presos.

Pla ha recordado, por su parte, que en torno al Fuerte de San Cristóbal hubo "un gran periodo de silencio" y que hasta 1988 no se tributó el primer homenaje a los protagonistas de la fuga masiva que se produjo en el penal el 22 de mayo de 1938, del que escaparon 795 personas -sólo 3 cruzaron a Francia, 208 fueron abatidas a tiros y el resto de nuevo capturadas-.

Por esa prisión pasó Agustín Raya Sánchez, ferroviario de Miranda de Ebro y abuelo de Hedy Herrero Hernán, quien hoy el recordaba junto a su abuela Vicenta, a la que considera también una "presa" que siguió a su marido hasta Pamplona, donde hizo todo tipo de trabajos para sacar adelante a sus cinco hijos, de los que tuvo que separase.

También Juan María Pallín, un médico que estuvo allí tres años y que después de la guerra nunca pudo ejercer su profesión y trabajó como representante de líquidos de revelado fotográfico, cuya hija mostraba hoy un recetario farmacológico pulcramente manuscrito que su padre escribió en la cárcel, junto a una crónica de la fuga.

Para el Fuerte de San Cristóbal, construido con fines militares durante las guerras carlistas y declarado Bien de Interés Cultural en 2001, existe ya una propuesta para que sea convertido en "Lugar de Memoria". Lo que allí ocurrió, los testimonios que dejaron algunos presos y los de sus familiares acompañan el recorrido por esta exposición, un ejemplo del "patrimonio negativo" que alimentó la Guerra Civil.

Francisco Etxeberria ha hablado hoy de la importancia de la "dimensión de laboratorio" necesaria para la recuperación de la memoria histórica, pero ha destacado la gran relevancia de la dimensión "simbólica", que es la que "más conmueve", la de gestos que llevan a algunos familiares a acercarse a San Cristóbal sólo para recoger un puñado de la tierra donde enterraron a los suyos. "Por eso decimos que exhumando fosas recuperamos dignidades", ha subrayado.

 

JUECES PARA LA DEMOCRACIA: "UN ESTADO NO DEBE TOLERAR FOSAS CON MILES DE VÍCTIMAS JUNTO A CUNETAS"

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La asociación judicial progresista denuncia el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y la actitud obstruccionista del Gobierno. Reclama que se destine dinero para la exhumación y la identificación de las víctimas.

Público.es / J. PÉREZ / 12-09-2014

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha denunciado este viernes que el Gobierno obstruye e incumple lo establecido en la Ley de Memoria Histórica y ha expresado su apoyo a las víctimas del franquismo, muchas de ellas de avanzada edad y que tienen derecho a una reparación adecuada de su sufrimiento.

Bosch recuerda que Naciones Unidas acaba de declarar que el Estado español "está incumpliendo sus compromisos internacionales y dejando sin protección a las víctimas del franquismo".

Los informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra por parte del grupo de trabajo contra las desapariciones forzadas y por parte del relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición muestran "el manifiesto incumplimiento del Gobierno tanto de la ley interna como de las normas internacionales. Y expresan su preocupación por la indiferencia de las instituciones españolas hacia las víctimas, así como reprochan su falta de voluntad de reparar el daño sufrido por los familiares de los asesinados por el franquismo", destaca Bosch.

Bosch: "Somos el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de víctimas de desapariciones forzadas sin identificar"

La asociación progresista denuncia en un comunicado la falta de aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, que establece una serie de obligaciones para el Gobierno, "entre las cuales se encuentra el deber de adoptar medidas para la localización e identificación de las más de 114.000 personas que siguen en fosas comunes, lo cual representa una situación inaceptable en una sociedad democrática".

Además, la ley también establece la obligación de los poderes públicos de financiar las exhumaciones, insiste Bosch quien rechaza el argumento del Gobierno de que no dispone de medios económicos: "ello podría explicar una reducción de las partidas presupuestarias, pero no la absoluta paralización que se ha producido de las actuaciones institucionales. Existe por parte del Gobierno una evidente voluntad de no continuar con las exhumaciones. Y eso es contrario a nuestra legislación y a las obligaciones internacionales de nuestro país", remacha.

Esa "actitud obstruccionista" del Gobierno está "en la línea de una incomprensible actitud de condescendencia hacia el régimen anterior".

Jueces para la Democracia recuerda que reparar a las víctimas y permitirles recuperar los restos de sus seres queridos "no supone una apuesta ideológica determinada, sino que representa el funcionamiento más básico de un Estado de Derecho, a través de principios que tienen carácter universal. Sin embargo, seguimos siendo el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados".

Por ello, la asociación judicial expresa su apoyo a las víctimas del franquismo, "muchas de ellas de avanzada edad y que tienen derecho a una reparación adecuada de su sufrimiento. Y reclamamos al Gobierno que no siga haciendo dejación de sus funciones, ni incumpliendo sus deberes legales. Un Estado democrático no debe tolerar que sigan existiendo decenas miles de víctimas de una dictadura en fosas comunes junto a cunetas".

 

EL GOBIERNO ANTE LA ONU: "LAS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA HAN CONSEGUIDO SU OBJETIVO, QUE ES CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA"

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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica califica de lamentable la respuesta española en Ginebra.
 
elplural.com / A. MOYA / 10-09-2014
 
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha calificado de lamentable la respuesta del Gobierno español ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, cuando en la tarde del día 10 el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, ha leído el informe elaborado sobre España tras su visita, el pasado mes de marzo. La representante española ha despachado el tema afirmando que “las víctimas de la dictadura ya han conseguido sus objetivos que son consolidar la democracia”.

“Se trata de una enorme falta de respeto a las miles de familias que buscan a sus desaparecidos”, asegura con indignación en un comunicado la ARMH. En su informe, Pablo de Greiff enumera “los numerosos incumplimientos que el Gobierno de España hace de sus compromisos internacionales y en especial de los que afectan a las víctimas de la dictadura franquista”.

“Las víctimas ya han conseguido reparación”
Tras la lectura del informe, a primera hora de la tarde se ha producido esta respuesta de Ana María Menéndez, miembro de la Representación Permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas y Organismos Internacionales en Ginebra. “Ha tachado de impreciso el informe de De Greiff y ha asegurado que las víctimas de la guerra civil y de la dictadura ya han conseguido la reparación que precisaban”, denuncia la Asociación.

Querían una democracia
Para el Gobierno esa reparación consiste, continúa la ARMH, “en tener una democracia. Se trata de algo que se contradice con las miles de peticiones de ayuda, de víctimas de la dictadura franquista, que ha recibido la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica desde el año 2000”.

¿El relator se reunió con quien no debía?
“Además, la representante del Gobierno, asegura que el relator especial es posible que no se haya reunido con los colectivos adecuados, sembrando dudas sobre la representatividad de las numerosas víctimas que se encontraron con el Relator. Menéndez, ha centrado parte de su debate en defender la vigencia de la Ley de Amnistía”, añaden.

“Insulto  hacia cien mil desaparecidos”
Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), consideran “un insulto que una representante de nuestro Gobierno considere satisfactoria la desaparición de 114.226 hombres y mujeres cuyos cadáveres siguen en fosas de cunetas y caminos”.

El Gobierno no consultó
“También resulta lamentable que para elaborar su respuesta al informe el Gobierno de España no se haya puesto en contacto con los afectados y envíe a una representante que en algún momento parecía hablar en nombre de las víctimas cuando aseguraba que ya tienen la reparación que tienen”, critican.

Lamentable actitud
Piensa además la Asociación que la representante de España ante un organismo humanitario de la ONU, “ha cometido la lamentable actitud de considerar que el Estado español no tiene una tarea pendiente con respecto a las víctimas de la dictadura”.

El delito más grave contra la persona
“Resulta lamentable ver que en una democracia como la española, delitos de lesa humanidad, que no pueden prescribir por ninguna ley de amnistía, son archivados sin llevar a cabo la más mínima atención a los familiares que han sufrido los delitos más graves que se pueden cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver”, ha manifestado Emilio Silva, presidente de la ARMH.

Discriminación política
Desde esta entidad se remitirá una pregunta por registro a la Representante Permanente de España “para denunciar la discriminación que hace el Gobierno de España de unas víctimas de la violencia con respecto a otras. En ese sentido el informe de De Greiff señala que en una democracia no puede existir una discriminación política a víctimas de delitos tan graves”.

¿Y las víctimas de otros delitos?
 “Queremos saber si a partir de ahora el Gobierno tiene previsto decirles a las víctimas de otros delitos que no van a acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación porque tienen que conformarse con vivir en democracia”, añadió Silva

Desprecio hacia los Derechos Humanos
La ARMH recuerda  que ha exhumado más de 200 fosas desde el año 2000, y que acudió a reclamar la intervención de la ONU en 2002. En esa línea afirma que seguirá denunciando en todos los ámbitos internacionales “el desprecio del Gobierno de España a los Derechos Humanos y el maltrato a las víctimas de la dictadura que mueren cada día sin conocer el paradero de sus seres queridos y sin haber podido darles una sepultura digna”.

 

EL GOBIERNO CIERRA FILAS ANTE LA ONU Y RECURRE A LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA QUE DEJÓ SIN FONDOS

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La representante del Estado español ha recurrido a la ley promulgada por el Gobierno de Zapatero, muy criticada por el PP y anulada de facto por el Gobierno del Rajoy, para defenderse del informe presentado por el relator especial de la ONU ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

público.es / ALEJANDRO TORRÚS / 10-09-2014

Cierre de filas total y absoluto. Ante el duro informe del relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, el Gobierno español ha reaccionado matando al mensajero en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. La representante de España ha calificado el informe a ratos de "erróneo", otras de "inexacto", así como ha acusado al relator de la ONU de "olvidar" reunirse con otras asociaciones de víctimas de la dictadura que consideran que "el mayor triunfo de sus pretensiones" ya se había logrado: "la consolidación de la democracia". Eso sí, no ha sabido concretar a qué asociaciones se refería tras ser preguntada por víctimas de la dictadura al término de la reunión.

Así, la representante de España ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Ana María Menéndez, ha llevado a cabo una encendida defensa de la Transición, de la Ley de Amnistía y el papel del Poder Judicial respecto a la impunidad de la dictadura franquista. Menéndez ha esgrimido que las víctimas pueden acudir a los tribunales por la vía contencioso-administrativo para negar que exista la impunidad judicial del franquismo y ha sacado a flote la Ley de Memoria Histórica como un conjunto de medidas de "reconocimiento y de carácter simbólico" para las víctimas, a pesar de que el Partido Popular la anuló de facto dejándola sin fondos. De hecho, las exhumaciones se están realizando con voluntarios y con el dinero de los familiares de las víctimas.

El principal argumento del Gobierno del Partido Popular ante la ONU se ha sustentado en el consenso político de la Transición y en el convencimiento de que "el olvido y el perdón" eran la única vía para "la reconciliación". "La Transición española es un caso especial porque constituye una reconciliación nacional sin justicia penal de acuerdo a la decisión consensuada por la inmensa mayoría de fuerzas parlamentarias elegidas de manera libre y democrática", ha señalado Menéndez.

Ante la exposición de Menéndez, Pablo de Greiff, que ha leído previamente su informe, ha señalado que la asistencia y reparación de las víctimas "no es un asunto de políticas partidistas o programas políticos, sino de principios y derechos que conciernen a todos. España puede hacer mucho más". Cabe destacar que ninguna víctima de la dictadura ha podido participar en un debate donde una vez más son la principal ausencia.

Reacción de las víctimas de la dictadura

El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos en España y promotor de la llamada Querella Argentina, Jacinto Bonilla, ha querido destacar en declaraciones a Público que el relato de la representante española es "erróneo de raíz".

"Está justificando el no cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España en virtud de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, entre otras, por motivos de conveniencia política en un momento dado como fue la Transición", señala Bonilla, que explica que confrontar "razones jurídicas con razones políticas", como ha hecho la representante española, es "negar el Estado de Derecho".

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha calificado en un comunicado como "lamentable" la intervención del Gobierno ante el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. "Resulta lamentable ver que en una democracia como la española, delitos de lesa humanidad, que no pueden prescribir por ninguna ley de amnistía, son archivados sin llevar a cabo la más mínima atención a los familiares que han sufrido los delitos más graves que se pueden cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver", ha asegurado Emilio Silva, presidente de la ARMH.

El viernes, nueva prueba

El viernes será el turno para la exposición del informe que elaboró el grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas en su visita a España durante el pasado mes de septiembre. La delegación tenía como objetivo esclarecer si el Estado español cumple con su obligación de investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista y de reparar a las víctimas.

Las observaciones preliminares del grupo de trabajo fueron contundentes. Entre otras aseveraciones, el grupo instó al Estado español a juzgar las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la dictadura, así como a emprender las reformas necesarias para que la Ley de Amnistía no sea un obstáculo. Además, recomendó al Gobierno a dotar de contenido y fondos la Ley de Memoria Histórica y a colaborar con las asociaciones memorialistas y de víctimas. Así lo explicó el autor del informe, Ariel Dulitzky, en una entrevista concedida a Público.

Sobre este último informe se pronunció el lunes Alberto Ruiz Gallardón en el pleno del Senado. El ministro de Justifica señaló que el Gobierno "discrepa claramente" con algunos aspectos que recogen los informes de la ONU sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, sobre todo, en la derogación de la Ley de Amnistía de 1977.

 

CATORCE ROSAS EN CATORCE TUMBAS

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Perdieron la vida entre 1936 y 1941.
Aranzadi rescata los restos de parte de los republicanos fallecidos en el campo de concentración de Orduña.
 
noticias de Álava / ARACELI OIARZABAL / 08-09-2014
 

Paco Etxebarria trabaja en una de las sepulturas.

la fachada del camposanto de Orduña -ciudad vizcaína anclada en pleno Valle de Ayala- luce desde finales de junio de 2013 una placa “en memoria de los cautivos fallecidos en el campo de concentración y en la prisión central de Orduña, cuyos cuerpos fueron enterrados en algún lugar de este cementerio, y de quienes perdieron la vida en defensa de la libertad y en contra del fascismo entre 1936 y 1941”.

Pues bien, lo que sólo eran indicios, quedó demostrado el pasado fin de semana, cuando un nutrido equipo de expertos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi -con su presidente y antropólogo forense a la cabeza, Paco Etxeberria, y a solicitud del Ayuntamiento orduñés- localizaba y sacaba a la luz, bajo la superficie de hormigón del pasillo derecho que da acceso a los nichos de la entrada al cementerio, 14 tumbas individuales y perfectamente alineadas, con restos óseos que, a simple vista, se constató pertenecían a los hombres que murieron en la citada prisión.

Por los archivos se sabe que en la cárcel orduñesa no se recluyó a mujeres, y “todos los esqueletos hallados pertenecen a hombres”, según explicó por los micrófonos de Radio Llodio Jimi Jiménez, uno de los arqueólogos del equipo de Etxeberria, que también apuntó como evidencias de que se trataba de los cuerpos de los republicanos que buscaban que “todos aparecen sin calzado y con objetos personales muy escuetos, y en situaciones muy similares a exhumaciones de personas muertas en cautiverio ya realizadas en otras zonas como Pamplona o en las cercanías de Villarcayo en Burgos”, argumentó.

El propio Etxeberria dio más datos, arrodillado ante una de las tumbas. “Todos aparecen enterrados a la misma profundidad, ordenados y metidos en féretros individuales de madera, más estrechos en piernas y más anchos en hombros. Quizás por las dentaduras podamos extraer el ADN, ya que se tiene la lista de fallecidos y se ha localizado a alguna familia, pero será difícil porque ha pasado mucho tiempo”, señaló. No obstante, “el valor de este trabajo es simbólico; son 14 republicanos que representan a otros miles, un grano más en el conocimiento de la verdad, de lo que pasó”, subrayó.

 

De hecho, el fatídico listado al que hacía referencia Etxeberria deja constancia de que fueron 224 los muertos o asesinados en el campo de concentración de Orduña. Se sabe que muchos de ellos están enterrados bajo los actuales nichos, pero por respeto obvio a los que allí descansan, no se acometerá ningún desenterramiento, ya que la intervención no ha sido sino un modo de honrar y resarcir en parte la memoria de los fallecidos y de sus familias.

La noticia de este hallazgo corrió como la pólvora entre la población, y fueron muchos los vecinos que se acercaron a ver de cerca la minuciosa labor de exhumación de los restos, aunque a decir verdad no causó sorpresa. Y es que en el municipio era un secreto a voces que “a los prisioneros, en su mayoría republicanos y gudaris, se les enterraba a la entrada a la derecha de lo que llamaban cementerio civil, o tierra no sagrada, como si de malhechores se tratara”, recuerda Salvador Oyarzábal, hijo de un gudari del batallón Araba que también fue condenado, como tantos otros, a trabajos forzados lejos de su tierra.

El libro que despertó la memoria

 Sin embargo, no fue hasta la publicación en 2011 del libro Prisioneros en el campo de concentración de Orduña, del periodista laudioarra Joseba Egiguren cuando se comenzó a hablar abiertamente del oscuro pasado que encierran las paredes del actual colegio de los Padres Josefinos de Murialdo. De hecho, es el primer trabajo de investigación sobre este episodio histórico silenciado durante más de 75 años, y ha revelado al mundo -a través de documentos civiles y militares, y estremecedores testimonios de sus últimos inquilinos- que alrededor de 50.000 prisioneros de guerra fueron recluidos “en condiciones deplorables” en el campo que el régimen franquista estableció, entre los años 1937 y 1939, en lo que antaño fue el colegio de los jesuitas, y donde unos años antes había estudiado, curiosamente, el lehendakari José Antonio Agirre.

Los restos están siendo analizados en el Departamento Forense de la UPV en Donostia. El Ayuntamiento de Orduña ha decidido es que, una vez finalice el trabajo de laboratorio, los restos volverán al cementerio de Orduña. Por lo que respecta a las tumbas abiertas, los operarios municipales comenzaron el jueves los trabajos de reconstrucción de la zona. En el momento de cubrirlas, cada uno de los huecos tenía depositada una rosa roja en su interior.

 


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