LA LEGALIDAD FUSILADA EN 1936
Martes, 23 de Abril de 2013 18:57
‘De las urnas al paredón’, de la Fundación 27 de Marzo, compila la amplia represión ejercida por el bando sublevado sobre los políticos republicanos . «Muero inocente. Nunca hice mal a nadie, pero el tener ideales se paga caro en la vida». Son las últimas palabras de Antonio García Pérez, delegado de las Juventudes Socialistas de Valencia de Don Juan en 1936. Tras el golpe militar del 18 de julio fue detenido y fusilado en Puente Castro. ‘De las urnas al paredón’, un nuevo título de la Fundación 27 de Marzo, aborda la dura represión sobre los cargos políticos republicanos.
Diario de León / ANA GAITERO / 23-04-2013
Miguel Castaño, Félix Gordón (presidente de la II República en el exilio) y Ramiro Armesto. A. j. juventudes activas de león
La víspera del 4 de diciembre de 1936, cuando ya sabía que iba a ser fusilado, Antonio García Pérez, el joven político coyantino, expresó un último deseo: «Yo lo único que pido al que rige los destinos de los hombres es que se apague el incendio que hoy asola nuestra patria y que no se derrame ni una sola gota de sangre más».
Nada más lejos de la realidad. «La represión política fue la más fuerte porque había una intención de destruir el estado republicano y para ello había que acabar con sus políticos», explica el historiador y profesor de la Universidad de León, Javier Rodríguez, coordinador del libro De las urnas al paredón junto al profesor de la Universidad de Valladolid Enrique Berzal de la Rosa.
El ‘terror caliente’
De las urnas al paredón da cuenta de una veintena de políticos paseados en las primeras semanas posteriores al golpe de Franco, como los concejales de la comisión gestora del Frente Popular en Valencia de Don Juan Marcelino Quintano, Víctor Pérez Barrientos, Urbano González Soto y Jesús Luengo Martínez fueron paseados el 20 de septiembre de 1936 en el monte de Villadangos. En el campo de Fresno, entre Valverde y La Virgen, sin juicio ni consejo de guerra fueron asesinados Julio Marcos Candanedo, Ángel Arroyo, Vicente Simó, Luis Vega Álvarez, Josefa Tascón, Visitación Herrero y Teresa Monge, la líder de las Juventudes Socialistas. También fue víctima de un paseo el alcalde de Cea, Nemesio García y el que fue alcalde de Villaornate y maestro Tomás Toral.
La justicia ‘al revés’
Tras el «terror caliente» se instauró la represión investida de legalidad. «Es la justicia al revés, porque la ley de responsabilidades políticas juzga incluso a la gente por haberse dedicado a la política», explica Rodríguez. «Además de la violencia y el terror, los sublevados dictaron las primeras normas jurídicas precisas para destruir el orden jurídico constituido por la Constitución de 1931 y su desarrollo normativo», añade.
Son numerosos los políticos condenados a muerte por rebelión militar, traición, auxilio a la rebelión y toda una serie de delitos creados a la medida del nuevo régimen. La sangre corría por los paredones en Puente Castro, donde fueron fusilados los alcaldes de León (Miguel Castaño) y Ponferrada (Luis García Arias), así como el presidente de la Diputación, Ramiro Armesto, el gobernador civil, Emilio Francés, el presidente del Frente Popular, Félix Estanislao Sampedro; el presidente del Partido Sindicalista, Lorenzo Martínez Vaca, el vocal del Partido Comunista en el Frente Popular, José María de Celis, el tesorero de Unión Republicana, Mariano Jiménez y el delegado de Juventudes Socialistas de Valencia de Don Juan, Antonio García Pérez.
JULIÁN GRIMAU, EL ÚLTIMO EJECUTADO DE LA GUERRA CIVIL
Domingo, 21 de Abril de 2013 19:22
El 20 de abril de 1963, el dirigente comunista era fusilado a las afueras de Madrid. Dos días antes, un consejo de guerra sumarísimo le había condenado por "rebelión militar continuada". Fue el último ejecutado por el franquismo por delitos cometidos durante la Guerra Civil.
La Vanguardia / 20-04-2013
El dirigente comunista fue ejecutado a las cinco de la madrugada en el campo de tiro de los cuarteles de Campamento, a las afueras de Madrid. Cuando salió del coche celular que le había transportado desde la prisión de Carabanchel ya estaba formado el pelotón de soldados del regimiento de Wad-Ras, al mando de un teniente. El jefe de la Guardia Civil en Madrid se había negado a formar un pelotón de ejecución. Y el mando militar dispuso de que fueran soldados de reemplazo los que fusilaran a Grimau. Según su abogado defensor, el capitán Alejandro Rebollo, obligado a presenciar la ejecución vestido de gala, los reclutas estaban muy nerviosos. Alumbrados por los faros de varios camiones dispararon 27 balas, pero el oficial al mando tuvo que rematar al condenado con tres tiros de gracia. Porque era tal la agitación y la tensión que hicieron falta tres tiros de gracia para matarle.
¿Quién era Julián Grimau?
Julián Grimau había nacido en Madrid el 18 de febrero de 1911. Durante la Segunda República militó en Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña. Al comienzo de la Guerra Civil ingresó en la Brigada de Investigación Criminal, nada excepcional porque su padre había sido comisario de policía en Barcelona en los años veinte. En octubre de 1936 ingresó en el PCE. Su actividad represora debió ser eficaz en Madrid porque fue ascendido y trasladado a Valencia. Más tarde llegó a Barcelona, donde fue especialmente diligente apresando trotskistas y quintacolumnistas. Concluido el conflicto cruzó la frontera. Vivió en Francia y después en varios países latinoamericanos. Carrillo le pidió que volviera a Francia. Fue elegido miembro del Comité Central del PCE en el congreso de Praga de 1954. Desde entonces, empezó a entrar clandestinamente en España, con estancias en Barcelona y Andalucía. Después de la detención de Simón Sánchez Montero, en 1959, le enviaron a Madrid para colaborar con Romero Marín y Jorge Semprún, Federico Sánchez, en la dirección del partido. Desde 1961 se instala definitivamente en la capital como responsable del partido en el interior.
Se ha discutido mucho si su pasado policial era el perfil idóneo para enviarlo a la actividad clandestina en España. Jorge Semprún y Fernando Claudín, tras su caída, confesaron que lo desconocían. Fue un motivo más de sus futuras diferencias con Santiago Carrillo. De hecho, Semprún ya había informado de los riesgos de la actividad febril de Grimau y su descuido de las medidas de seguridad –realizaba continuas citas, pasando demasiado tiempo en la calle-. Probablemente, Carrillo menospreció los riesgos de enviar a Grimau a España, confiado en su injustificada creencia de la caída inminente de la dictadura.
La detención
Aquel 7 de noviembre de 1962, tras haber mantenido varias reuniones y despedirse de su amigo Díaz-Cardiel, Grimau se dirigió a una nueva cita con otro camarada, Francisco Lara, que le iba a proporcionar papel para hacer octavillas. Más tarde se supo que Lara, detenido días antes, le había delatado y entregado a la policía, aunque desconocía su verdadera identidad. Grimau, ajeno a que disfrutaba sus últimos momentos de libertad, y desoyendo los consejos recibidos de Semprún de desplazarse en taxi, cogió un autobús donde sólo viajaban unos pocos policías. Cuando se dio cuenta era tarde. Sólo tuvo tiempo de gritar que era comunista. Tras su identificación en la Dirección General de Seguridad, la policía se dio cuenta de que había arrestado a una de las piezas más codiciadas.
Durante los interrogatorios a los que fue sometido cayó de cabeza desde una ventana del primer piso al callejón de San Bernardo, en la parte posterior de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol. Grimau estuvo al borde la muerte, pero, con el cráneo, las muñecas y las piernas fracturadas, sobrevivió. El Gobierno se apresuró a indicar que había sido un intento de suicidio pero resultaba poco creíble. Grimau, tras recuperase de los traumatismos, no recordaba nada de lo que sucedió después de las primeras horas del brutal interrogatorio. No realizó ninguna denuncia, tampoco delató a nadie.
El juicio sumarísimo
Un mes después de su detención, el 6 de diciembre de 1962, el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, convocaba una rueda de prensa para responder las acusaciones del informe de la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, y anunciar “la publicación de un dossier espeluznante de crímenes y atrocidades cometidas personalmente por este caballerete”. El ministro repartió una cronología desde la detención del anarquista Jordi Conill, el 19 de septiembre de 1962, hasta la explosión de un artefacto explosivo en el consulado de Ámsterdam el día anterior. La ofensiva mediática del Gobierno auguraba que el juicio de Grimau sería la demostración de la fortaleza del régimen contra sus opositores. Además, los antecedentes del detenido permitían afirmar que los comunistas de 1963 eran los mismos que los de 1936. Un macabro recordatorio de que la fuerza del franquismo se asentaba en su victoria en la Guerra Civil.
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RECURREN EL ARCHIVO DE LA CAUSA POR LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD CONTRA CIVILES DEL FRANQUISMO EN EL MARRUFO
Domingo, 21 de Abril de 2013 19:38
La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez ha decretado el sobreseimiento de la causa abierta tras la denuncia que en julio pasado presentaron Andrés Rebolledo y la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en La Sauceda y el Marrufo. La denuncia se presentó poco después de que aparecieran los primeros esqueletos de personas fusiladas en 1936 en terrenos del cortijo jerezano, en las excavaciones promovidas por la citada asociación.
DIARIO Bahía de Cádiz / 21-04-2013
Estas excavaciones concluyeron con la localización de restos de 28 personas, muchas de ellos con señales de torturas, violencia y tiros en el cráneo. Los denunciantes estimaban que en El Marrufo se cometieron delitos de “desaparición forzosa, detención, torturas y asesinatos en el marco de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes contra la paz y la seguridad internacional, todos perpetrados contra la población civil indefensa por motivos políticos e ideológicos, en el contexto de la insurrección armada contra el Gobierno legítimo de la República”.
La jueza Soledad Velázquez considera que los presuntos responsables de los hechos están exentos de responsabilidad criminal y que los hechos son cosa juzgada. La abogada de la asociación de familiares de represaliados, Rocío Mendoza, ya ha presentado el correspondiente recurso de reforma y apelación para que se siga investigando el asunto, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz.
La jueza da por buenos el argumento del fiscal que en su informe considera que el tiempo transcurrido desde los hechos es tanto que ya ha excedido con creces el plazo para la prescripción de los supuestos delitos y que por ello han dejado de tener relevancia penal. Acepta también el argumento del fiscal, según el cual, la Ley de Amnistía de octubre de 1977 afecta a todos los delitos cometidos con fines políticos antes de esa fecha, como sería éste el caso. La jueza recuerda que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en 1993 en la que establecía que la amnistía eliminó la responsabilidad penal y los efectos penales y sancionatorios de los ilícitos de intencionalidad política.
“RIGE LA IMPUNIDAD MÁS ABSOLUTA”
La abogada de la asociación explica en su recurso de apelación que no existe prescripción del delito ni mucho menos cosa juzgada porque hasta la fecha en España no ha habido proceso alguno en materia de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de genocidio porque precisamente rige la impunidad más absoluta: “mientras no exista una reparación integral a las víctimas y no se realicen las diligencias debidas para llevarlo a cabo por el Estado, los delitos siguen vigentes”.
Rocío Mendoza recuerda que la comisión de crímenes en masa “está castigada por la ley, por cualquier ley, en todo tiempo y en cualquier lugar; y especialmente por los tratados internacionales de los que es firmante el Estado español, como la Convención de la Haya, la Convención de Ginebra, la Carta de las Naciones Unidas o la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas ratificada por España en 2007, cuyo artículo 18 establece la prohibición de amnistía”.
Explica esta abogada que durante muchos años no se ha sabido ni la identidad ni el paradero de las víctimas del aniquilamiento de la población de La Sauceda, pero añade que con los restos hallados el pasado verano en las excavaciones del Marrufo se prueban los crímenes cometidos contra ellos: tortura, secuestro, exterminio, detenciones ilegales y asesinato contra la población civil y bombardeo indiscriminado contra el pueblo de La Sauceda. “Todo ello dentro de un plan organizado por los rebeldes y el régimen que posteriormente se instaló. Un plan que ya se había experimentado en otras ciudades de España precisamente como ensayo”, agrega.
DIGITALIZADOS LOS EXPEDIENTES DE 10.881 PERSONAS REPRESALIADAS POR EL FRANQUISMO
Miércoles, 17 de Abril de 2013 08:18
El trabajo ha sido dirigido por los historiadores Juan Hidalgo y Eusebio Rodríguez.
elalmeria.es / DIEGO MARTÍNEZ / 17-04-2013
La Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica Almería y su Pasado Reciente presentó ayer los resultados de un proyecto de investigación, que ha conseguido digitalizar y poner a disposición pública en Almería la totalidad de expedientes de la represión franquista en Almería.
Este proyecto consigue la permanencia de la totalidad del Archivo en Almería y el acceso a él con total facilidad de familiares de represaliados, historiadores, periodistas o cualquier otro interesado.
Hay que tener en cuenta que en Almería fueron represaliadas 10.881 personas de todos los pueblos de la provincia, más de 300 de ellas fusiladas. Esos expedientes al completo, que suponen más de un millón de fotografías, se podrán consultar a partir de ahora de forma fácil.
El periodista Diego García Campos subrayó en la presentación de este proyecto que "el trabajo tendrá mucha repercusión, puesto que se ha digitalizado todo el archivo relacionado con la represión franquista en Almería. Es un trabajo enorme, que les ha llevado muchos años. Desde el punto de vista social se asegura la permanencia en Almería y la integridad sin dispersión de los archivos así como los accesos a familiares, especialistas y periodistas".
Juan Hidalgo Cámara explicaba ayer como surgió la idea de hacer este trabajo, algo que junto a Eusebio Rodríguez llevaban años con ganas de llevar a cabo. "Tenemos en discos grabados todos los sumarios de los 102 pueblos de la provincia junto a la capital". Ha sido un trabajo arduo y difícil, "porque hemos acabado mal de las espaldas, al tener que hacer miles de fotografías en unas posturas complicadas", dijo Hidalgo.
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