Memoria Histórica

Conchita Viera es la hija de un alcalde asesinado en Valencia de Alcántara en 1936. Su familia lloró en silencio el crimen y el posterior rechazo social: la madre de Conchita nunca más volvió a salir a la calle. Hoy Conchita lleva en la mano un proyecto aprobado por el Gobierno para recuperar sus restos. La ampara también la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo no puede llevarlo a cabo debido a algo tan burdo, pero todavía increíblemente poderoso: la negación de la dueña de la finca donde se encuentran los restos.

La familia Viera sigue sin verdad, sin justicia y sin reparación. Pero la dignidad de Amado Viera Amores es la memoria democrática de todos.

Un reportaje de MÓNICA SOLANAS
Fotografía de AITOR FERNÁNDEZ

DATECUENTA / 10-04-2013

La vida no está fácil para la mayoría. Quienes asientan el Estado en algo que sucedió hace más de treinta años, quienes hablan de una transición política y social en nuestro país, no se dan cuenta de que tantos años hace que enterraron a Franco como los que el Dictador estuvo en el poder. Es mucho tiempo como para seguir argumentando en base a una conciliación nacional que, por otra parte, siempre será una burda mentira mientras las cunetas sigan llenas de personas desaparecidas, sin derecho a ser enterradas dignamente.

El Francés, Raskolnistán

«Reconstruyo la historia de mi padre dentro del ambiente de tristeza y de dolor de mi madre. Tardé años en hacerlo, preguntando por aquí y por allá, y también a través del libro del historiador Julián Chaves» 

Conchita Viera Nevado tiene 80 años. Vive en un pueblo de Cáceres, Valencia de Alcántara, muy cerca de la frontera con Portugal. Cuando asesinaron a su padre ella tenía tres años y su hermano, ya fallecido, ocho. Amado Viera Amores fue el último alcalde democrático que tuvo la población, tras el golpe de estado del general Franco, hasta 1979. Estuvo en el cargo cinco meses, de febrero a julio de 1936. Tras ser obligado a dejar la alcaldía, fue detenido y puesto en libertad sin cargos dos veces. El 25 de septiembre de ese mismo año un policía y dos falangistas, armados, fueron a buscarle a su casa. «Dijeron que lo llevaban a Cáceres —explica en la entrevista que mantuvo con DateCuenta—, pero lo llevaron a matar junto a otros doce hombres en la mina Terría de la finca Cuadrillas de Arriba, en la carretera comarcal de Cedillo, dentro del mismo término municipal. Tenía 33 años» 

Viera, otro republicano víctima de su época

Amado Viera Amores nació en Ceclavín (Cáceres) el 11 de octubre de 1902. Estudió Derecho en la universidad de Salamanca y trabajó como abogado. Se instaló en Valencia de Alcántara, se casó y tuvo dos hijos. Los problemas sociales de la época fueron una de sus grandes preocupaciones. «Mi madre contaba que paseaba muchas veces por el despacho, con las manos en la cabeza: ¿Pero qué le va a dar esta pobre gente de comer a sus hijos?». La religión, la reforma agraria, la educación, fueron temas sobre los que manifestó sus opiniones, progresistas, las cuales publicó en la prensa local y regional. Esas mismas ideas le llevaron a ingresar en el sindicato socialista El Redentor, que presidió en dos ocasiones, además de adherirse a las Juventudes Socialistas y colaborar en la fundación de la Casa del Pueblo. En febrero de 1936 fue nombrado alcalde de Valencia de Alcántara. «El 18 de julio de 1936 le obligaron a dejar el cargo», explica Conchita. Lo hizo pacíficamente, porque ese era su temperamento; «siempre llamó a la gente a la paz y a la concordia, incluso estando delante de sus verdugos» 

El 25 de septiembre de 1936, un grupo de falangistas fue a buscar a Amado Viera Amores con la excusa de que les acompañase a la Inspección de Policía, en la ciudad de Cáceres. Pero no era más que una burda mentira. Otra más. La realidad es que le detuvieron ilegalmente, le secuestraron, le fusilaron y le desaparecieron. Le sacaron de su casa, le subieron a un coche, le llevaron a Cuadrillas de Arriba, una finca sita en el mismo municipio en el que vivía, y, junto a otras doce personas (cifra que no podrá ser comprobada con exactitud hasta que no se acceda a los restos de la fosa), fue asesinado. Tiraron los cuerpos al interior de la mina Terría, dentro de la finca. Han pasado casi 77 años desde ese día, y los cuerpos de los asesinados continúan allí. 

El silencio que provoca el miedo

«Después del crimen de mi padre nos desalojaron de la casa donde vivíamos». Los dueños se presentaron de noche y obligaron a Conchita, a su hermano y a su madre a marcharse. Tuvieron que refugiarse en la casa de los abuelos, junto a los hermanos de su madre. «Mi padre había comprado otra vivienda, que es en la que actualmente vivo, pero entonces no nos dejaron ocuparla. Decían que era de Franco». Todo era de Franco, también sus vidas. Hasta que recuperaron su casa, sobrevivieron gracias a la herencia de sus abuelos y la ayuda de sus tíos. El Tribunal de Responsabilidades Políticas de Cáceres les impuso una multa. Este Tribunal se amparaba en la Ley de Responsabilidades Políticas (LRP), la de mayor alcance represivo; fue aprobada el 9 de febrero de 1939 y su principal función era la de culpabilizar y sancionar a aquellos que habían respaldado a la República por «haber desencadenado la Guerra Civil al oponerse al Alzamiento del 18 de julio, reparando los daños morales y materiales provocados por su comportamiento político»: un amplísimo espectro de la población. Estas sanciones eran establecidas de manera paralela a las leyes penales españolas, lo que permitía imponer diversas condenas contra los republicanos: desde larguísimas penas de prisión y trabajos forzados —de entre diez a treinta años—, con inhabilitaciones y prohibiciones civiles incluso para aquellos que cumplieran las condenas íntegramente, hasta la pena de muerte.