Memoria Histórica

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Memoria Histórica

UN SIGLO DE LUCHA POR DESENTERRAR LA VERDAD

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La Diputación de Lugo concede la placa de honor a Darío Rivas, hijo de un fusilado en el franquismo y promotor de la querella en Argentina por los crímenes de la dictadura.

La Opinión A Coruña / R. PRIETO / 13-07-2014

Darío Rivas durante la exhumación de los restos de su padre, fusilado en 1936 en Portomarín. carlos pardellas

Cruzó el Atlántico desde su Galicia natal a Argentina con solo 9 años. Cuando tenía 17, Darío Rivas se enteró por carta de que su padre, alcalde de Castro de Rei, había sido fusilado por los falangistas. Aunque se prometió no volver a España, viajó a Galicia con su mujer en varias ocasiones. En una de estas visitas se enteró por casualidad dónde estaba enterrado su padre. Fue entonces cuando empezó su lucha por desenterrar la verdad y juzgar a los culpables. En 2005 recuperó los restos de su padre. Desde 2010 da la batalla en Argentina por sentar en el banquillo a los autores de los crímenes del franquismo

Darío Rivas, hijo del exalcalde de Castro de Rei fusilado en octubre de 1936, se enteró por casualidad en 1994 dónde yacían los restos de su padre. En agosto de 2005, voluntarios de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), grupo originario del Bierzo leonés promotor de las primeras exhumaciones del franquismo, abrieron la fosa donde había sido sepultado Severino Rivas. Desde entonces sus restos reposan en el panteón familiar de Loentia bajo el epitafio: Papá, descansa en paz, te lo pide tu hijo mimado. A sus 94 años, Darío Rivas, afincado en Buenos Aires, mantiene la lucha por la memoria de quienes "murieron sin justicia".

Y lo hace desde Argentina, donde promovió hace ya cuatro años una querella para que la Justicia del país austral investigue los crímenes de la dictadura a los que España dio carpetazo. En reconocimiento a su labor a favor de los derechos humanos y de defensa de los represaliados y familiares de las víctimas del franquismo, la Diputación de Lugo le entregará la placa de honor de la provincia y le rendirá homenaje el próximo 31 de julio.

Lucha contra el olvido. La historia de Darío Rivas, residente en Argentina desde los nueve años, fue la que dio inicio al proceso judicial que al otro lado del Atlántico investiga los crímenes de la dictadura de Franco. La querella que promovió este gallego en Buenos Aires en abril de 2010, que ya suma más de 300 denuncias, señala al Estado español como responsable de los delitos cometidos entre 1936 y 1977. El pasado mes de mayo, la juez que lleva el caso, María Servini, viajó a España para interrogar a víctimas y familiares del franquismo que por su edad no podían desplazarse a Buenos Aires para declarar en el proceso.

Para Darío Rivas es una "vergüenza" que los "culpables" todavía no hayan sido juzgados y que el Gobierno español no busque a sus desaparecidos. "Es dejar vivo un antecedente de genocidio impune que van a pagar las generaciones futuras", denuncia desde Buenos Aires.

Investigación

Tiene claro que todavía hoy hay "responsables" de estos "asesinatos" que deben sentarse en el banquillo para rendir cuentas a las familias por los más de 130.000 fusilados y los más de 30.000 niños desaparecidos. "Sé que hay muchos responsables de la masacre muertos, pero también hay muchos vivos que firmaban sentencia de muerte a garrote vil", advierte.

La idea de promover una investigación sobre las desapariciones del franquismo le rondaba la cabeza desde el mismo día en que recuperó los restos de su padre, fusilado en un desnivel que desciende de la carretera de Lugo a la capilla de Cortapezas, en Portomarín.

Darío se despidió hasta en tres ocasiones de su padre. La primera fue en 1929. Su madre había muerto y su padre decidió enviarlo a la prometedora Argentina de entonces donde ya estaba una de sus hermanas y con los años irían cinco más. En 1936, Severino Rivas, campesino, fue elegido alcalde del Ayuntamiento de Castro de Rei. Pero no duró mucho en el cargo. A los cuatro meses estalló la Guerra Civil. Cuando Darío tenía 17 años recibió por carta en Buenos Aires la noticia de que su padre había sido asesinado por los falangistas tras pasar dos meses en la prisión de Lugo. Y la última ocasión en que se despidió de él fue en 2005, cuando un equipo de voluntarios de la ARMH exhumó sus restos, los primeros de una víctima gallega en la comunidad.

Fue en el año 1994 cuando, por casualidad, se enteró del lugar en el que yacían los restos de su padre. En un viaje a Galicia con su mujer entró en una tienda de regalos en Portomarín, localidad en la que sospechaba que habían fusilado a su padre. En teoría, los falangistas lo habían abandonado en un cementerio anegado por un embalse. Allí la dueña del establecimiento preguntó a Darío si era turista, él pensó que le quería cobrar los detalles más caros. "Si y no", le dijo. Entonces le contó que residía en Buenos Aires pero era de Castro de Rei.

Buscando tema de conversación, la mujer le habló de dos hombres a los que habían matado los falangistas cuando ella era niña y que eran vecinos de la aldea de Darío. Le hizo mención a un gabán que vestía uno de ellos y los rumores que decían que era alguien importante. Casi sin aliento, Darío recordó el gabán que le había enviado a su padre su hermana desde Buenos Aires y pidió a la mujer más detalles de esa historia. "Quien la sabe bien es el carnicero", le dijo. Darío inició la búsqueda que le llevó al lugar donde habían matado a su padre: la capilla de Cortapezas. Los restos de Severino Rivas, casi 70 años después, seguían allí, debajo de aquella tierra y de aquellas hierbas silvestres. En agosto de 2005, fueron exhumados sus restos. Desde entonces yacen en el panteón familiar.

 

LÁGRIMAS DEL 36 EN LOS JUZGADOS DE PALMA

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Una anciana narra a una juez cómo su padre fue quemado vivo en Manacor durante la guerra.

El País / ANDREU MANRESA / 07-07-2014

Excavación de una fosa común en el cementerio viejo de Sant Joan. / J. Quetglas (Memoria Histórica)

La emoción traspasó los límites de la contención habitual entre el personal de los juzgados de Palma al revivir hechos dramáticos de 1936, ejecutados por los golpistas de Franco. Las lágrimas mojaron los ojos de quienes estaban a ambos lados del estrado mientras una víctima del franquismo Bel Antich, de 83 años, narró el asesinato de su padre. El edil republicano Llorenç Antich, tiroteado en las piernas y después quemado vivo. Su cuerpo nunca fue identificado y se ignora donde fue enterrado.

Bel era una niña de cinco años y recordó el drama y la represión que amargaron toda la vida de su familia en Algaida. Explicó que su padre le dijo, al ser conducido, “voy a comprarte un vestido“. Y jamás retornó. La juez Piedad Marín le tomó testimonio, por delegación, gracias a la comisión rogatoria internacional librada por la juez Maria Servini que instruye la llamada querella argentina de las víctimas del franquismo.

Quienes acompañaron a Bel dijeron que durante su relato y los detalles del crimen y la angustia y tristeza materna todos lloraron dentro del juzgado. La juez no lo negó al salir al pasillo mientras la testigo era jaleada por 40 jóvenes de la marea verde de la enseñanza que fueron juzgados por ocupar, en 2013, la sede de la consejería de Educación. Bel Antich se atrevió a alzar el puño solidario.

Al tiempo que con Bel, otros descendientes de víctimas, niños huérfanos de la guerra, han ejercido la acción penal en Argentina. En el juzgado de Manacor declararon Francisca Mas, de 87 años, por el asesinato de su padre el edil de Montuiri, Joan Mas i Verd y, también, Catalina Moyá, de 80 años, por la ejecución de su progenitor, Baltasar Moyá, ambos fusilados eran activistas republicanos.

Entre los miembros de la asociación de la Memoria Histórica de Mallorca y del 36 se han vivido semanas de gran carga emocional por acontecimientos de calado simbólico. Hasta una isla las olas de las noticias y los efectos de los hechos históricos llegaron siempre con retraso, por la distancia y el mar. Ahora, en la edad de Internet y la noticia global instantánea, aun hay ecos de lejanía.

Más tarde que en el resto de España se ha excavado la primera fosa común de fusilados de 1936. En el cementerio viejo de Sant Joan se hallaron, el 20 de junio, los restos de tres agricultores republicanos del pueblo Maria ligados a UGT, Joan Gual, Jaume Gual y Miquel Salom, que fueron “paseados“, tiroteados, lanzados a un pozo rural y enterrados en el anonimato en un pueblo vecino.

 

EL ANARQUISMO TOMA EL AYUNTAMIENTO

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Una exposición de objetos y documentos rescata la figura del líder del Batallón 206, el leonés Laurentino Tejerina.

Diario de León / VERÓNICA VIÑAS / 02-07-2014

Imágenes de la España de la Guerra Civil, arriba una foto de Laurentino Tejerina y debajo cartel de la exposición que se abre hoy en San Marcelo. - dl

Murió con las manos vacías. No dejó documentos ni objetos. Pese a que la historia no le ha hecho justicia, su vida fue un ejemplo de lucha por las libertades. Fotografías y enseres de la época, reunidos para una exposición que se inaugura hoy en el consistorio de San Marcelo, pretenden reconstruir la agitada vida de uno de los anarquistas leoneses más olvidados, Laurentino Tejerina Marcos, líder del audaz Batallón 206, ensombrecido, quizá, por la alargada sombra del gran Buenaventura Durruti. Investigadores y amigos de la familia persiguen rescatar a un personaje que forma ya parte de la leyenda. Fernando Gil y Miguel Suárez han seleccionado desde balas recogidas en Peña Ubiña, donde Tejerina libró una de sus más célebres batallas, a cuencos y candiles utilizados por los combatientes del Frente Norte. La exposición, en la que también han colaborado Carlos Méndez, María José González y Margarita González Bécares, muestra desde armas a fotos, libros y periódicos de un tiempo que la dictadura silenció y tergiversó. Tejerina fundó la FAI en León en 1916 y la CNT en 1919. Acabada la Guerra Civil vivió como un topo en la bodega de su hermana en Viloria de la Jurisdicción, donde falleció en 1944 aquejado de paludismo y con un avanzado cáncer de hígado. Fue sepultado clandestinamente en el mismo hoyo que le había servido de escondite durante cuatro largos años. En 1945 la policía obligó a su hijo Antonio a desenterrarle.

Su hija Aurora lleva años luchando por recuperar la memoria y la dignidad de su padre y de los que lucharon por defender la democracia tras el golpe de Estado de 1936. «Mi padre fue mi maestro durante los años de topo: sabía latín, francés, árabe y esperanto, idioma que utilizaban en los congresos anarquistas», recordaba en una entrevista en este periódico. Hoy hablará de las peripecias y las ideas de su padre en una mesa redonda, a las 20.00 horas en el consistorio de San Marcelo, junto al investigador Wenceslado Álvarez Oblanca y el historiador Javier Rodríguez.

Delegado de Hacienda y de Abastos de la CNT durante la Guerra Civil y comandante del Batallón 206, que acabaría siendo conocido como el Batallón Tejerina, el anarquista leonés nació en 1895 en Villamartín de Don Sancho. Huérfano de padre, a la temprana edad de 14 años tuvo que ponerse a trabajar en la mina. Inmediatamente comenzó a militar en la CNT. Al negarse a cumplir el servicio militar fue detenido y enviado a un batallón disciplinario africano durante tres años. De regreso a León entabló amistad con Durruti, una relación que mantendrían por carta hasta 1919. Las continuas detenciones y torturas no le hicieron cejar la lucha. Todo lo contrario, en 1931, pese a estar a salvo en Francia, se acogió a la amnistía republicana y regresó a España. Le esperaban trece años de sufrimiento.

 

EXHUMACIONES PRIVADAS Y LA FALTA DE FINANCIACIÓN, DEMANDAS A LA NUEVA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

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El nuevo marco legal memorialista retrasa su trámite parlamentario, previsto en junio, debido al negociado de la Memoria Económica y a la resolución de las alegaciones presentadas al texto.

El anteproyecto de ley alterará "algún matiz" tras las 30 propuestas de modificación aportadas por consejerías implicadas en ejecutar la norma y nueve colectivos sociales.

Las principales demandas de las asociaciones -que piden participar en el debate en la Cámara andaluza- parten de la "exclusividad de la Administración" en la exhumación de fosas del franquismo y de la escasa asignación presupuestaria prevista.

eldiario.es / JUAN MIGUEL BAQUERO / 06-07-2014

La Ley de Memoria Democrática llegará al Parlamento de Andalucía en octubre. El trámite en la Cámara andaluza fue anunciado para junio, pero la resolución de las alegaciones a la norma y el negociado de la Memoria Económica han retrasado la gestión. ¿Aumentará la "escasa" asignación económica prevista? ¿Será posible, de lo contrario, aplicar en toda su extensión un texto legal "ambicioso"? Y las asociaciones memorialistas, principal motor en la búsqueda de fosas del franquismo, ¿participarán en el debate parlamentario? ¿Permitirá la nueva norma exhumaciones privadas? Son interrogantes con los que camina, aún como anteproyecto, el marco jurídico.

Y más: ¿Provocarán las propuestas presentadas alguna modificación en el articulado de la ley? ¿Convocarán los partidos políticos a colectivos sociales a participar en el Parlamento? Consejerías implicadas en la ejecución legislativa y nueve asociaciones han presentado unas 30 alegaciones –entre las que hay dos individuales–, que el Gobierno andaluz debe responder. Y serán tenidas en cuenta. "Hay aportaciones interesantes y se van a incluir, aunque no sean modificaciones de peso si varían algún matiz conveniente", señalan fuentes de la dirección general de Memoria Democrática de la Junta.

En el debate parlamentario habrá asociaciones. Cuáles, y cuántas, dependerá tanto del reglamento interno de la Cámara como de las propias fuerzas políticas que la componen. PP, PSOE e IU deben decidir a qué colectivos invitan. Antes, a finales de este mes de julio quedará cerrada la financiación y la diligencia en el Consejo Consultivo para, tras el periodo estival, regresar al Consejo de Gobierno –autorizó la viabilidad del proyecto el 11 de marzo– que dará luz verde a la entrada en el Parlamento de una ley que supera en intenciones a la legislación estatal, amplía el concepto de víctima de la represión, plantea la anulación de juicios de tribunales franquistas y asume otros retos como la inclusión de la memoria histórica en el currículo educativo o la prohibición de simbología y manifestaciones de carácter fascista.

La Junta estudia matizar la "rigidez" en torno a las exhumaciones

Y el recelo fundamental que el anteproyecto despierta está "en las cunetas": la Junta asume la exhumación de fosas y el texto impide trabajos exhumatorios en fosas comunes al margen de la institución regional. Esta determinación choca en colectivos civiles que trabajan, hasta ahora, con escasa –y en muchos casos nula– implicación del Estado. ¿Es un muro que construye la Administración Autonómica? La ley es tajante, con sanciones graves y multas entre 10.000 euros y 150.000. Esta "rigidez" quedará matizada y asociaciones con recursos propios podrán afrontar labores arqueológicas, informan a eldiario.es/andalucia desde el Gobierno andaluz. Siempre, eso sí, bajo tutela de la Junta y con la obligatoriedad de solicitar permiso público "como marca el protocolo estatal".

Que el Parlamento convoque a asociaciones de derechos humanos es una de las apuestas del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT, que ya manifestó a este medio la posibilidad de que algún colectivo crítico acabe denunciando la ley. "Que el Estado se haga cargo" de exhumar fosas "es una de las demandas históricas", aunque la "exclusividad de la Administración" supondría una "subordinación absoluta" de las víctimas, apostillan. En su propuesta, RMHSA subraya la "escasa partida presupuestaria".

Piden suprimir una frase del anteproyecto de ley:  

"La Transición democrática dio resultados positivos ya que permitió superar la división creada por la guerra civil y la dictadura"

El posicionamiento de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) concide, como en otros casos, en el avance que propicia la legislación y que la Junta "controle, financie y difunda" la prospección en fosas. Solicitan, eso sí, "que se cuente" con el movimiento social. Piden también revisar un "régimen sancionador" que puede afectar "a familiares o asociaciones que aborden una exhumación de forma privada" y abundan en otras alegaciones sobre denuncia judicial de aparición de restos óseos, reparación de víctimas por parte de entidades beneficiarias de "del trabajo esclavo" o suprimir una frase: "la Transición democrática dio resultados positivos ya que permitió superar la división creada por la guerra civil y la dictadura".

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) insta a la Junta "a poner en marcha un plan urgente de exhumaciones". En su escrito, la entidad de ámbito estatal –ha exhumado unas 200 fosas comunes desde el año 2000 en diversos puntos del país– refiere "pasividad" e "inactividad" en este sentido. Según la ARMH, "más de 30 familias andaluzas" recibieron de su parte "una ayuda que no les presta las instituciones" y ya han solicitado "otras 200".

Para la ARMH de Ronda (Málaga), el "elemento más negativo" de un articulado "oscuro y opaco" es el "intento de marginación" al movimiento memorialista. Falta un control exhaustivo que evite la aparición de "individuos, entidades o empresas" que hagan "negocio" de la "memoria antifascista", inciden. Desde la asociación de Aguilar de la Frontera (Córdoba) entienden que el anteproyecto "monopoliza y secuestra políticamente" la búsqueda en fosas y creen que la ley puede convertirse en "otro documento de declaración de buenas intenciones". "Sin dotación presupuestaria nace carente de lo más básico", arguyen.

 

JUAN DIEGO BOTTO: "HACER DESAPARECER A LAS VÍCTIMAS ES UNA FORMA DE BORRAR LAS HUELLAS DE UN CRIMEN"

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Colabora para acabar con 78 años de impunidad y silencio y que un documental sobre la querella argentina contra los crímenes del franquismo vea la luz.
 
elplural.com / S.C. / 30-06-2014
 
Juan Diego Botto en el documental ‘Al otro lado del charco’  

“Las víctimas de la dictadura franquista padecen la continua impunidad histórica en un país que se ha negado sistemáticamente a juzgar los crímenes cometidos por la dictadura. El frustrado intento de abrir un proceso judicial en España supuso un duro golpe. En España se cerró esa puerta, pero el 14 de abril de 2010 se abrió una nueva ventana desde el otro lado del charco, concretamente, desde la República Argentina”. Este es el punto de partida para los promotores del documental Desde el otro lado del charco. Una historia de verdad, justicia y reparación en el que se busca narrar cómo la Justicia Universal une dos hechos significtivos: la querella argentina para juzgar a responsables de crímenes cometidos durante la dictadura franquista y el proceso que se abrió en territorio español y permitió juzgar y encarcelar a responsables de la dictadura militar argentina.

Un debate pendiente en España
La plataforma, Datecuenta, que ya realizó un trabajo previo sobre la represión franquista con Vencidxs, ha iniciado el rodaje de este nuevo proyecto con su trabajo y únicamente con sus propias aportaciones económicas, por lo que también ha abierto una iniciativa de crowdfunding con la que recaudar fondos para continuar el rodaje en Argentina. Explican que “con este proyecto queremos contribuir a la difusión de esta querella entre la opinión pública española, argentina e internacional y entre los distintos agentes sociales y políticos, con el fin de recabar apoyos para esta causa” así como que “el objetivo del documental es también contribuir al urgente debate sobre la apertura de un proceso real de recuperación de Memoria Histórica en España”.

Documentar para no olvidar
“Sólo queremos probar que en España se produjo un genocidio”, explica en el documental Felipe Moreno, uno de los querellantes en Argentina contra los crímenes del franquismo. Desde la perspectiva de los represaliados por la dictadura argentina el actor Juan Diego Botto, hijo de un detenido desaparecido, explica que “hacerlos desaparecer es una forma de borrar las huellas de un crimen y aumentar una tortura psicológica”. El actor se refiere a la represión física, pero obviamente iniciativas como este documental también intentan que las víctimas a ambos lados del Atlántico no desaparezcan de nuevo ni para la justicia ni para la memoria colectiva. Aquí un dossier completo sobre las entrevistas que se han realizado ya y las previstas si consiguen reunir los fondos necesarios con la ayuda de mecenas particulares.

 

 


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Diez años agujereando el olvido, el silencio, la niebla con la que la dictadura quiso cubrir sus terribles crímenes, los más atroces que pueden cometer algunos seres humanos.

Diez años reapareciendo, recuperando, desolvidando. ayudando a regresar a los desaparecidos, a las desaparecidas, a los que fueron secuestrados, asesinados y abandonados.

Diez años de esfuerzos de mucha gente, de muchos lugares, de testigos que comparten su memoria para señalar cunetas, parajes, espacios en los que las fosas esconden su secreto.

Diez años para aprender, para saber, para conocer la dimensión criminal del franquismo, para entender por qué tuvieron que callar, por qué portaron hasta el presente, en silencio, la memoria que los hacía testigos de delitos atroces, que los amenazaba.