Memoria Histórica

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GOBIERNO Y TVE: PASANDO DE LA ONU

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"O concluimos que estamos reconciliados o resurgirían odios subyacentes", le dijeron representantes del Gobierno del PP al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la justicia transicional durante su visita a España.

eldiario.es / RAFAEL ESCUDERO / 03-09-2014

Acaba de hacerse público el informe que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición emitió tras su visita a España a finales de enero de este año. En sus páginas el Relator (Pablo de Greiff) incide en el incumplimiento por parte del Estado español de las obligaciones internacionales que le corresponden con relación a las víctimas de la dictadura franquista.

Desde la defensa de los derechos humanos como premisa fundamental, el informe es una denuncia en toda regla de la política del Estado español. En sus propias palabras, "no se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad". Constata el Relator que ni siquiera existen censos oficiales de víctimas, ni tampoco datos o estimaciones oficiales sobre su número total. A lo que se suma, en primer lugar, un modelo de "privatización" de las exhumaciones que "alimenta la indiferencia de las instituciones estatales" con relación a las reclamaciones de los familiares; y, en segundo término, un excesivo formalismo interpretativo respecto a la ley de amnistía y el principio de legalidad que "niega el acceso a la justicia e impide cualquier tipo de investigación" de lo sucedido en sede judicial.

Las conclusiones y recomendaciones del informe poco pueden sorprender. En términos generales insisten en lo que -también recientemente- ya le habían advertido al Estado español otras instancias de Naciones Unidas como el Comité contra la Desaparición Forzada o el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias. En el caso de este último, su informe da un plazo de noventa días al Gobierno español para presentar un cronograma con las medidas a adoptar, ofreciéndole así una vía para comenzar a subsanar los déficits de justicia transicional que acumula España desde la "inmaculada Transición".  

Pero la primera ocasión que se ha presentado para enmendar este rumbo no ha podido ser más decepcionante. El pasado 30 de agosto, declarado Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas por Naciones Unidas, el Telediario 2 de TVE informó sobre dicha efeméride con una noticia en la que se omitió cualquier referencia a las desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante la guerra civil y la dictadura franquista. Se habló de las víctimas de este crimen contra la humanidad en Colombia, África o en los Balcanes, pero las más de 114.000 personas desaparecidas en España no merecieron otra cosa que el silencio. Dio igual tanto el citado plazo de noventa días como que el Relator insistiera en la necesidad de desarrollar programas en educación histórica y derechos humanos centrados en la perspectiva de las víctimas. Las instituciones públicas -en este caso, la televisión estatal- no pierden ocasión de dejar clara su adhesión a las cláusulas de silencio, olvido y amnesia propias del tan cacareado como falso consenso de la Transición.

Esta suerte de negacionismo (ya denunciado ante distintas instancias por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) no debe quedar impune. Sus autores -quienes redactaron y dieron el visto bueno a la emisión de esta noticia- merecen un máximo reproche moral, al suponer su conducta un grave ocultamiento de lo sucedido y un nuevo desprecio a las víctimas y sus familiares, lo que ahonda en su dolor. Se trata de una -otra más- mala praxis por parte de los responsables de los informativos de TVE sobre la que deberían responder políticamente ante las instancias oportunas. Pero, bien es sabido que en España no existen mecanismos reales de control de veracidad de la información que emiten los medios, sean estos privados o públicos (y cuando alguien lanza alguna propuesta en este sentido, tendente a garantizar el derecho a una información veraz y plural, rápidamente es tildado de totalitarista).

Volvamos al informe del Relator de Naciones Unidas, porque en su parte final nos da una clave para entender esta desidia oficial para con las víctimas de la dictadura. Según señala en las conclusiones, varios representantes del Gobierno español le advirtieron lo siguiente: "O todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto". Nótese bien lo que está detrás de esta alternativa, planteada en términos excluyentes. O bien se asume una especie de reconciliación por decreto, impuesta desde arriba tras la muerte del dictador con independencia de lo que las víctimas (y los organismos internacionales de derechos humanos) digan o sientan; o bien se "reabrirían" las viejas heridas con el consiguiente riesgo... ¿de qué? Detrás de este segundo cuerno del dilema rezuma una velada amenaza a las víctimas y a las demandas de memoria histórica y justicia transicional. ¿Reclamar el cumplimiento de obligaciones internacionales y la satisfacción de derechos humanos es un "riesgo demasiado algo" en democracia? A los dirigentes del PP se les nota demasiado el pelo de la dehesa.

En definitiva, hoy ha sido el Gobierno del PP. Pero en años anteriores lo fue el del PSOE, el otro partido turnista. Ambos comparten a pies juntillas la misma visión de la Transición, mientras que tan solo discrepan en algunos puntos -ninguno sustancial- sobre la forma de reparar a las víctimas del franquismo. No en vano ese planteamiento excluyente que los miembros del Gobierno le hicieron al Relator no es exclusivo del PP, sino que está en el ADN de nuestro actual sistema constitucional, custodiado fielmente por los dos partidos.

De ahí la importancia -también para las víctimas de la dictadura y para el movimiento memorialista- de las diferentes citas electorales del 2015; citas que deberían ir configurando el camino hacia un proceso constituyente que, entre otras cosas, termine con esta cultura de la impunidad propia de la Transición y del régimen actual.

 

EXPOSICIÓN: "EXHUMANDO FOSAS, RECUPERANDO DIGNIDADES" EN VALLS, TARRAGONA

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INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: “Exhumando fosas, recuperando dignidades”
Institut d’Estudis Vallencs (Valls, Tarragona).

INAUGURA
: René Pacheco Vila (Arqueólogo de la ARMH).

DÍA y HORA: 5 de septiembre de 2014 a las 18:00 horas

LUGAR: Sala San Roc, Institut d’Estudis Vallencs, Carrer Jaume Huguet, 1.

Esta exposición itinerante es un buen ejemplo de la que se conoce como “arqueología del conflicto”, así como del papel que esta juega en los procesos tan actuales como pueden ser la recuperación de escenarios de conflictos o la aplicación de la metodología arqueológica en la exhumación de fosas y el posterior trabajo de laboratorio. Está organizada en cuatro ámbitos: las personas, la fosa, el laboratorio y el homenaje, mostrando mediante imágenes la variante científica y humana del proceso de exhumación.

Esta exposición es promovida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Para más información: http://iev.cat/noticias/detall/196

 

 

LAS FOSAS DEL OLVIDO

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Siete años después de aprobarse la Ley de la Memoria Histórica, decenas de miles de familias esperan que les devuelvan los restos de sus desaparecidos.
leonoticias.com / ANDER AZPIROZ / 31-08-2014

Trabajos de exhumación de una fosa en la provincia de León. (Foto: ARMH)

Siete años después de su aprobación, la Ley de la Memoria Histórica mantiene una larga lista de tareas pendientes. La primera de ellas es aún la de localizar, exhumar y entregar a sus familias las decenas de miles de españoles que, 65 años después la conclusión de la Guerra Civil y 39 desde el fin de la dictadura, permanecen sepultadas en fosas comunes de cementerios o cunetas de carretera secundarias.

Según la investigación que llevó a cabo el exjuez Baltasar Garzón en la causa del franquismo, 114.226 personas desaparecieron entre 1936 y 1951 a causa de la represión llevada a cabo por el régimen, un número que las asociaciones de la memoria histórica consideran por debajo de la realidad. Desde el año 2000 se han recuperado los restos de cerca de 6.000 de los asesinados. De estos últimos, 2.800 fueron exhumados en el antiguo cementerio malagueño de San Rafael, donde se calcula que se produjeron 4.400 ejecuciones.

El artículo 11 de la Ley de la Memoria Histórica establece que "las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore". Lo redactado sólo estipula que el Estado ayude a los familiares, sin llegar a encomendarle la responsabilidad de exhumar a los españoles asesinados.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), mantiene que la entrada en vigor de la ley no supuso avance alguno. "El principal problema ha sido siempre el mismo y no se ha solucionado con esta norma descafeinada. Esto debería ser una responsabilidad del Estado y no de los hijos o los nietos de las víctimas", critica Silva. El pasado julio un contundente informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas puso de relieve esta realidad. El documento valora que, desde el retorno de la democracia, "se han dado pasos importantes aunque tímidos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura".

No obstante, el equipo de la ONU recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional que ha suscrito España, el Estado debe asumir una responsabilidad y "un rol de liderazgo" en la recuperación de las personas desaparecidas. Para solucionar la actual situación, Naciones Unidas lanzó una serie de recomendaciones entre las que se encuentra "adoptar, a la mayor brevedad posible, un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas". Aunque el informe fija un plazo de 90 días para que España proponga un calendario, esta iniciativa no tiene carácter vinculante, con lo que no se podrá imponer ningún tipo de sanción en caso de que el Gobierno no atienda al requerimiento de la organización mundial.

Falta de subvenciones

Uno de los mayores problemas que se presenta para la búsqueda y exhumación de los represaliados es la falta de fondos. Mientras estuvo en el Gobierno el PSOE otorgó subvenciones a la memoria histórica por valor de unos 25 millones de euros. Silva recuerda que a ellos ese dinero les permitió "contratar a dos o tres personas y actuar de una forma más ágil". Pero las últimas ayudas llegaron año 2011. En abril de 2012 el Ministerio de Presidencia se comprometió a que el Gobierno del Partido Popular mantendría las subvenciones a la memoria histórica aunque éstas se destinarían sólo a la exhumación de fosas. Sin embargo, a pesar del anuncio, la partida para ese fin fue eliminada en los presupuestos de 2013.

Ahora las asociaciones mantienen su actividad como buenamente pueden. Por ejemplo, las próximas excavaciones de la ARMH se sufragarán con una donación de 6.000 euros de un sindicato noruego. "Desde 2000 a 2007 las exhumaciones que hicimos fue sin dinero público", recuerda Silva para asegurar que seguirán con su labor. La ventaja con la que se cuenta, explica, es que, aunque no dispongan de dinero, sí cuentan con la colaboración desinteresada de forenses, psicólogos, antropólogos o arqueólogos. "Hay algunas personas muy cualificadas a las que no podemos pagar pero que nos ayudan de forma voluntaria", agradece el fundador de la ARMH, quien añade que, dependiendo de cada momento, a veces los equipos comen macarrones que se cocinan en una cazuela para todos y otras se les puede llevar a comer el menú en un bar.

El principal gasto económico es el derivado de las pruebas de ADN que se realizan para identificar a las personas exhumadas. Para ello la ARMH cuenta con la ayuda de un laboratorio "que se porta muy bien con la asociación" y una ONG argentina que realiza algunos de los análisis de forma gratuita.

El mapa de las fosas

La Ley de la Memoria Histórica ordenó dibujar un mapa a nivel nacional con la ubicación de las 2.000 fosas comunes halladas hasta el momento. El encargado de llevarlo a cabo y actualizarlo es el Ministerio de Justicia aunque su elaboración y mantenimiento depende de los datos que suministran las comunidades autónomas.

Desde el principio las asociaciones detectaron diferentes disposiciones al respecto. Mientras que Andalucía se ha implicado a fondo otras regiones como la Comunidad Valenciana prestaron una menor colaboración, por lo que el mapa no ofrece una imagen fidedigna del alcance de la represión. En cualquier caso, aunque incompleto, el mapa sí refleja que los fusilamientos y asesinatos se extendieron por toda la geografía española.

La ARMH opina que este mapa fue utilizado de forma partidista por el Gobierno socialista "para simular que estaban haciendo algo, pero en realidad no hicieron nada para recuperar a los represaliados". "Se trata de un ejemplo más -añade Silva- de la política más de discurso que de acción que hizo Zapatero".

Por su experiencia personal y el trato con centenares de familiares de víctimas, Silva sabe que, aunque hayan transcurrido décadas, el asesinato de un padre "se mantiene siempre a una distancia de unos milímetros". Su propio abuelo fue asesinado por defender la apertura en su pueblo de una escuela pública y laica. "Por esa causa política le pegaron dos tiros en la cabeza y lo abandonaron en una cuneta durante 64 años", lamenta.

El fundador de la ARMH recuerda que, una vez finalizada la guerra, las víctimas de lo que el régimen denominó "hordas marxistas" fueron exhumadas. A las que se sobrevivieron se les concedieron becas y puestos de trabajo en la administración, "pero las del otro bando aún están esperando una reparación". Cree que esta debe empezar porque "los desaparecidos forzosos dejen de ser usados de un modo partidista y que su búsqueda se convierta en un objetivo de toda la sociedad, en una política de Estado".

 

TVE OLVIDA A LOS 114.000 DESAPARECIDOS DURANTE LA DICTADURA FRANQUISTA

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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica estudia acciones legales por no mencionar a los desaparecidos españoles en una pieza del Telediario.

El informativo emitió una información coincidiendo con el Día Internacional de los Desaparecidos en la que se hablaba de los casos de los Balcanes o Colombia.

diario.es / 01-08-2014

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica estudia acciones legales contra Televisión Española por ocultar las 114.00 desapariciones forzosas que tuvieron lugar en nuestro país durante la dictadura franquista en sus informaciones sobre el Día Internacional de los Desaparecidos emitidas este sábado en las diferentes ediciones del Telediario.

La Asociación considera que no mencionar las desapariciones españolas supone "una forma de negocionismo y maltrato" hacia las víctimas del "peor delito que puede cometerse contra un ser humano". y por ello, además de estudiar medidas legales, remitirá quejas a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, la dirección del grupo, la Defensora del Espectador y el Consejo de Informativos de la televisión pública.

"Una televisión pública, que tiene el deber de informar con rigor y pluralidad, nopuede hacer desaparecer a esos 114.226 desaparecidos, porque es una grave ocultación de nuestra historia reciente y un agravio", afirma la organización, que también informará de la omisión al Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada de la ONU.

La ONU, que es mencionada en varias ocasiones en la información emitida en el Telediario, ha hecho públicos en el último mes dos informes en los que se alerta de la situación de los desaparecidos españoles y se insta al Gobierno a presentar un plan de búsqueda en un plazo de 90 días.

 

ESPAÑA SE ENCUENTRA ENTRE LOS PAÍSES DEL MUNDO CON MÁS DESAPARECIDOS FORZADOS

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España se encuentra entre los países del mundo con el mayor número de desapariciones forzadas en el mundo con al menos 114.266 personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista.

nuevatribuna.es / 30-08-2014

España se encuentra entre los países del mundo con el mayor número de desapariciones forzadas en el mundo con al menos 114.266 personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista, según denuncia Rights International Spain (RIS) con datos del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, RIS ha afirmado que el desconocimiento del número exacto de víctimas de personas hechas desaparecer en esa época "ya evidencia la desidia absoluta de las autoridades españolas en esta materia".

 

Además, recuerda que estas desapariciones constituyen una violación continuada de varios derechos fundamentales, que se mantiene hasta el momento en que se establecen el destino o paradero de la víctima, como es el caso de "los más de cien mil desaparecidos enterrados en fosas comunes por toda España".

"La impunidad sistemática existente, que es tolerada y promovida por el Estado español, contribuye a prolongar el sufrimiento de sus familiares que, según la definición internacional, son también víctimas de desaparición forzada"

Demandan que "con carácter de urgencia, se incluya el delito de desaparición forzada en el Código Penal, que se establezca la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo"

"La impunidad sistemática existente, que es tolerada y promovida por el Estado español, contribuye a prolongar el sufrimiento de sus familiares que, según la definición internacional, son también víctimas de desaparición forzada", critican en un comunicado.

Por todo ello, Rights International Spain ha lanzado una petición dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,  a la que puede sumarse cualquier persona, solicitándoles que "de una vez por todas, den cumplimiento a las obligaciones internacionales de Derechos Humanos en esta materia, cesando en los comportamientos que ignoran deliberadamente y de forma continuada los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación y adoptando las medidas instadas por la ONU".

En concreto, demandan que "con carácter de urgencia, se incluya el delito de desaparición forzada en el Código Penal, que se establezca la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo, que se investiguen las desapariciones y que los responsables sean enjuiciados, en su caso sancionados, y que se otorgue una reparación integral a todas las víctimas. Todas estas medidas deberían adoptarse con carácter de urgencia", han explicado.

 


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